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1 Junio 2017 • El responsable de la decisión podría caer en la vulneración por parte de los poderes públicos de lo indicado por la ley

Francisco Torres García

Ante el intento de censura de la Delegación Territorial de Cultura en Almería

Hace unas semanas la Asociación Almería 1489 contactaba conmigo para estudiar la posibilidad de presentar allí mi último libro “La vida por José Antonio. Entre la represión y el olvido” (Ediciones Barbarroja 2017); resultado de una prolija investigación sobre fuentes orales y documentales que en sus 199 páginas incluye, como aparato crítico, 189 notas con referencia a las fuentes.

La citada Asociación pidió para la presentación de este libro, y no para otra actividad, la cesión de un espacio público -los espacios públicos son de todos los ciudadanos y no pueden denegarse en función de las inclinaciones u opiniones de quienes son solo sus gestores- en el Gabinete Didáctico del Museo de Almería, en el que, según me han informado, se realizan este tipo de actos, para el próximo 10 de junio.

El pasado 25 de mayo, don Alfredo Valdivia Ayala, Delegado Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, denegaba la cesión del espacio alegando que, tras “estudiar el contenido del libro” entendía que el uso de la sala del Museo de Almería para la presentación de este libro “contradice” el artículo 32.12 de la Ley 2/2017 de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, sin explicar, naturalmente, ni acompañar el informe indicando por qué el acto o el contenido del libro la “contradice”. Lo que para este modesto Catedrático e Historiador se revela como muestra de que el citado don Alfredo Valdivia o sus asesores no solo no se han leído el libro, sino que además presupone que se va a cometer en el acto una ilegalidad o paralegalidad, o que no se va a utilizar para los fines indicados por los organizadores,  y por ello actúa con evidente ánimo censor.

Don Alfredo Valdivia podía haber denegado la cesión del espacio alegando que no le gusta el libro o que, por sus ideas o tesis, no le gusta este autor, pero ello equivaldría entonces a la vulneración por parte de un cargo público de lo establecido en el artículo 14 de la Constitución. Pero no, lo ha hecho en función del artículo 32.12 de la Ley 2/2017 citada, por lo que,  a tenor de lo dicho, me parece que no se ha leído el texto, si es que él o sus asesores han revisado mi libro y no se han quedado en un título que me temo que tampoco han sabido leer correctamente.

Lo que más me llama la atención es que con su decisión el señor don Alfredo Valdivia podría ser acusado de ir contra lo dispuesto en la llamada “Ley de la Memoria Histórica” (Ley 52/2007 de 26 Diciembre), al impedir o boicotear lo dispuesto en su artículo 1º e incluso en su artículo 4º. Según se establece en esta Ley -los poderes públicos no solo deben cumplir lo dispuesto sino también garantizar su cumplimiento- en su artículo 1º, su objeto es “reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura, procurar su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar”, y el artículo 2º establece que se “declara el carácter radicalmente injusto de todas la condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la Guerra Civil” (después viene una coma). Lo que quiere decir que se considera con derecho a memoria a las víctimas de la Guerra Civil de ambos bandos, a todas (debo recordar que esta ley fue realizada por el PSOE).

Y de qué trata mi libro, resultado de una investigación histórica y no concebido como un panfleto, “La vida por José Antonio. Entre la represión y el olvido”. Pues precisamente de eso, de 223+2 víctimas de la Guerra Civil; la historia de los ejecutados o asesinados por los republicanos, o mejor dicho bajo el gobierno del Frente Popular, en Alicante entre 1936 y 1939. Ergo, este trabajo puede acogerse a lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la Ley de Memoria Histórica, y el señor Alfredo Valdivia podría con su decisión caer en la vulneración por parte de los poderes públicos de lo indicado por la ley.

Pero es aún más grave lo hecho, porque lo que el señor Alfredo Valdivia, Delegado de Cultura…, hace en el escrito que firma es presumir que el acto o la intervención del autor va a ser contraria a lo dispuesto en la Ley 2/2017 (parece que para el señor Valdivia somos culpables o reos a priori). Debo, sin embargo, recordarle al señor Alfredo Valdivia que se trata de la presentación de un libro y no de un acto político, pero es que, además, atendiendo a lo escrito en el mismo no es posible presumir que el acto pueda vulnerar la ley.

Aclaremos. El artículo 32.12 de la Ley 2/2017 establece 3 circunstancias que pueden “contradecir” -según el verbo utilizado en el escrito- lo dispuesto en el mismo:

  1. “que el acto entrañe descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas” (se entiende que del franquismo). ¿Cómo puede un libro que no habla de esas personas, porque se ocupa de los asesinados/ejecutado en zona frentepopulista entre 1936 y 1939, incurrir en ello? ¿Cómo puede este autor menospreciar o humillar a unas víctimas cuando su trabajo no se refiere a esas personas y los protagonistas no pudieron practicar represión alguna en el franquismo porque estaban muertos?
  2. “exaltación del golpe militar o del franquismo”. Evidentemente, si el libro trata de hechos sucedidos en la zona republicana, concretamente en Alicante, hasta la caída de la II República, ¿cómo va a exaltar el franquismo si el libro no trata del franquismo, salvo que este existiera en dicha zona republicana, lo que no parece probable? Si el señor Alfredo Valdivia o sus asesores hubiesen, como dicen, revisado el libro hubieran caído en la cuenta de que tampoco se “exalta el golpe militar”, pues no se entra a analizarlo sino solo a relatar cómo se produjeron los hechos en Alicante en razón de lo que aconteció a las víctimas de la Guerra Civil de las que se ocupa el libro o a relatar cómo los falangistas participaron en Alicante en la sublevación contra la República gobernada por el Frente Popular.
  3. que el acto entrañe “homenaje o concesión de distinciones a las personas físicas o jurídicas que apoyaran el golpe militar y la Dictadura”. Evidentemente, aunque este autor quisiera no podría otorgar distinciones de ningún tipo -eso lo hacen los poderes públicos o asociaciones- a los 223+2 protagonistas de su libro, porque murieron durante la Guerra Civil asesinados o ejecutados; personas que en esa circunstancias tampoco pudieron apoyar a la Dictadura. ¿Entonces qué se vulnera o se puede vulnerar? Y, en último lugar, lo que se hace es analizar los hechos y relatar cómo fueron ejecutadas o asesinadas estas personas -sin caer en retórica truculenta- y las razones por las que esto sucedió, analizando también jurídicamente, en virtud de las leyes republicanas aplicadas, las sentencias de los Tribunales Populares. Todo esto no constituye homenaje alguno, sino solo recuperación de esa memoria a la que también ellos tienen derecho, según se desprende de la Ley 52/2007, aunque el señor Alfredo Valdivia parezca olvidarlo.

Traslado de los restos de Jose Antonio del Escorial al Valle de los Caídos

Abundando en lo dicho, si el señor don Alfredo Valdivia se hubiera leído el libro, aun cuando fuera sucintamente  -me brindo a hacerle llegar un ejemplar dedicado y otro para la Biblioteca del Museo de Almería si me lo piden-, y no se hubiera quedado, como me parece, solo con la portada y el título, que entiendo estima como muestra de esa posible “exaltación y homenaje” a José Antonio Primo de Rivera, se habría dado cuenta de que el libro no es una biografía del fundador de la Falange, que adquiere protagonismo en un capítulo en el que se narra cómo fue su ejecución y la de los cuatro jóvenes que le acompañaron, sino que el título es una descripción del contenido: la historia de los falangistas que fueron asesinados o ejecutados en Alicante por haberle seguido o compartir sus ideas; los asesinados lo fueron, evidentemente, en función de sus ideas, por razones políticas. Y ello no es una exaltación sino una constatación.

Pero es que, además, me veo en la obligación de recordarle que José Antonio Primo de Rivera también fue víctima de la Guerra Civil y no es que lo diga yo. Implícita o explícitamente así lo reconoce el texto de la Comisión creada por José Luis Rodríguez Zapatero al objeto de dilucidar el futuro del Valle de los Caídos, siendo base de lo dispuesto en la Ley 52/2007, y también la reciente Proposición No de Ley presentada por el PSOE y apoyada por la mayoría de la Cámara (PSOE, Ciudadanos y PODEMOS entre otros). Lo hacen al reconocer que los restos de José Antonio pueden continuar en la Basílica del Valle de los Caídos, aunque trasladándolos de sitio, porque también es “víctima” de la guerra; lo también llegó a reconocer en televisión la socialista Eva Llarandi, integrante de la Asociación 13 rosas.

Desde mi punto de vista, para concluir, estamos ante un intento indirecto de censura envuelto en un legalismo erróneo que, además, afecta al honor del autor por la acusación implícita que se hace sobre su posible intención de humillar a las víctimas. Decisión que vulnera el derecho a la libre expresión y que quiero denunciar en la medida de mis posibilidades.

 

Una respuesta para Ante el intento de censura de la Delegación Territorial de Cultura en Almería

  1. MOISES DOMINGUEZ NUÑEZ Responder

    1 Junio, 2017 a las 19:31

    Un luchador infatigable en busca de la VERDAD . Tiene un mérito extraordinario .”Vencerán pero no converan” porque aunque tenga a su lado la fuerza de del 90% de los medios de comunicación y universidades apesebradas les falta la fuerza de la razón.

    Mucha fuerza y ánimos para mi paisano Paco Torres .

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