11 octubre 2016 • El gobierno de Rajoy ha proseguido la línea ilegal, antidemocrática y antiespañola de Zapatero. • Fuente: La Gaceta

La destrucción del Estado de Derecho en España

El estado de derecho es aquel en que la ley afecta a todos, incluyendo a los gobernantes, cuyas atribuciones deben sujetarse a reglas establecidas. Normalmente las normas y leyes particulares se articulan en torno a una Constitución votada por mayoría. Realmente ningún estado es plenamente de derecho, por cuanto en la práctica política surgen situaciones a las cuales es difícil aplicar las leyes preexistentes, lo que deja un margen de discrecionalidad; y por otra parte el poder puede realizar, y de hecho es frecuente que realice, acciones o promulgue leyes en conflicto con los principios jurídicos básicos. Además una Constitución puede ser discutida y discutible aunque la haya votado una fuerte mayoría, máxime cuando fue elaborada de forma tan peculiar como la española. Siguiendo con ello, la Constitución española fue votada por una mayoría algo exigua para la trascendencia del documento, que por lo demás muy pocos ciudadanos habían leído o comprendido en sus implicaciones. El caso de la fallida Constitución europea, aceptada en España y rechazada fuera, resultó en verdad descarado. Pero no vamos a entrar ahora en los muchos problemas en torno a estos asuntos. Daremos por adecuada, sin más, la definición habitual.

En España, el Estado de derecho salido de la transición sufrió desde muy pronto, al tomar el gobierno iniciativas que probablemente corresponderían más bien a un referéndum, como la entrada en la OTAN aplicada directamente por el gobierno de Calvo Sotelo. Y embates tan fuertes como la expropiación de Rumasa. Pero me referiré en particular a la política seguida con lo que puede definirse adecuadamente como un grupo de asesinos profesionales por la espalda con pretensiones políticas, es decir, la ETA. Desde muy pronto en la transición se impuso la política, totalmente incompatible con el estado de derecho, de que había que aceptar las pretensiones de los asesinos dándoles una “salida política”, lo que equivalía a legitimar el asesinato como una forma de hacer política. Que casi casi nadie haya reparado en el tremendo desmán o lo haya denunciado, dice mucho de la calidad democrática de nuestros políticos y periodistas. El único que aplicó, aun con fallos, una política adecuada, legal aun con fallos, tratando a los delincuentes como tales, fue Aznar, que consiguió llevar a la ETA “al borde del precipicio”.

En esa situación crítica, el gobierno de Zapatero acudió al rescate del grupo asesino, premiando literalmente su historial de crímenes con relegalización, dinero público, proyección internacional y convirtiéndolo en una potencia política en Vascongadas y Navarra. Esto ha sido un ataque directo y brutal al estado de derecho, a la más elemental norma jurídica y a la estabilidad e integridad de España. Conviene recordar que ETA y PSOE comparten un 80% de ideología. La democracia permite una alternancia en el poder y el cambio de políticas que se revelan nefastas, pero el posterior gobierno de Rajoy ha proseguido la línea ilegal, antidemocrática y antiespañola de Zapatero. A partir de ahí, aunque casi nadie quiera darse cuenta de ello, el estado de derecho se ha convertido en una farsa que está pudriendo la vida política. No voy a extenderme sobre el sistemático incumplimiento de la Constitución en Cataluña y Vascongadas y sobre todo por el gobierno nacional, que al no hacer cumplir la ley tampoco la cumple.

Pondré otro caso en cierto modo más grave. Otra de las hazañas de Zapatero fue la ley de memoria histórica. Esta ley, a pesar de sus enredos retóricos, trata de deslegitimar radicalmente al franquismo, imponiendo una visión de la historia y definiendo como “víctimas” a las personas ejecutadas o perjudicadas por aquel régimen. Ahora bien, en un estado de derecho es completamente inadmisible que se imponga desde el poder una versión particular de la historia, algo propio más bien de tiranías como la cubana o la de Corea del Norte. Y una vez más vemos cómo la masa de los políticos y partidos han aceptado una fechoría de tal calibre que, nuevamente, vuelve precaria la estabilidad del país. Está bien claro que la cultura democrática de nuestros partidos es inexistente, son incapaces de percibir los límites a su actuación, un problema más de corrupción y mucho más grave que la económica. En La guerra civil y los problemas de la democracia he abordado este hecho, la ausencia de un pensamiento democrático en España, tanto en la derecha como en la izquierda. El problema se agrava porque la ley declara “víctimas” a los miles de asesinos, torturadores y chekistas ajusticiados en la posguerra, e implícitamente declara tales a los etarras a partir de 1968, que supuestamente luchaban “por la libertad”. Es indudable que los autores de la ley se identificaban con tales “víctimas”, a las que exaltan como tales al nivel de las inocentes que, dadas las circunstancias, también tuvo que haber. Es decir, ellos mismos se declaran cómplices de tales «víctimas»

El alcance de la ley de memoria histórica va más allá: al deslegitimar al franquismo deslegitima implícitamente la transición, la democracia salida de ella y la monarquía, puesto que las tres proceden directa y esencialmente de aquel régimen. Esto coloca al régimen actual en una posición jurídicamente incierta, que están aprovechando movimientos radicales diversos para socavarlo. También aquí volvemos a comprobar la ausencia de un pensamiento y principios democráticos y de respeto al estado de derecho entre nuestros políticos y partidos.

Un aspecto de esta situación de podredumbre progresiva lo tenemos ahora con una “moda” que parte de Barcelona: el negocio de los “okupas” que se meten en una casa ajena y exigen a los dueños una especie de “indemnización” o chantaje para irse de ella. Como, según una ley absurda, el propietario tendría que perder un año en reclamaciones judiciales para recuperar lo que es suyo, muchos ceden al chantaje: es la ausencia de un estado de derecho en la que un poder autodeslegitimado provoca la indefensión de los ciudadanos. En tales circunstancias, algunos de estos han decidido tomarse la justicia por su mano: han contratado a tipos forzudos para desalojar por la fuerza o la intimidación a los okupas.

Desde luego, es plenamente legítimo que los ciudadanos se tomen la justicia por su mano si los gobernantes no cumplen la exigencia más elemental de protegerlos frente a los delincuentes (algo así pasa con las víctimas de la ETA, desasistidas por los gobiernos): no son los ciudadanos, sino unos gobernantes que de hecho se convierten en cómplices de los delincuentes, los culpables de tales situaciones.

Ahora bien, la dinámica es muy peligrosa: así empezó la mafia siciliana. Ante los continuos robos, los cultivadores de agrios pagaron grupos de protección, que salvaron sus cosechas. Sin embargo esos grupos evolucionaron ampliando su “protección” a todo tipo de negocios y convirtiéndose en unos delincuentes más. En todos estos casos, lo que ha fallado es el estado de derecho, que no solo debe respetar las leyes sino hacerlas cumplir, un deber al que faltan cada vez más sistemáticamente los partidos y gobiernos. De manera inadvertida, como si no pasara nada, España va encaminándose a una situación sin ley efectiva. Como casi nadie quiere darse por enterado, al menos el historiador que conoce precedentes como la II república, debe exponer los hechos, y que cada cual asuma su responsabilidad.

Pío Moa