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20 noviembre 2020 • Atrapada por sus viejos demonios, España se hunde inexorablemente en una crisis de proporciones dramáticas. • Fuente: La Nef

Arnaud Imatz

Valle de los Caídos: ¿por qué tantas polémicas en torno a un templo cristiano?

Traducción: Historia en Libertad

Inaugurada en 1959 por el general Franco y consagrada basílica pontificia en 1960 por el cardenal Gaetano Cicognani en nombre del papa Juan XXIII, la Santa Cruz del Valle de los Caídos, cada vez se ha hecho más objeto de crítica y de condena. Las polémicas sobre su significado y destino futuro llegaron a su punto máximo, en 2019, tras la decisión del gobierno español de proceder a la exhumación del cuerpo de Franco. Pero ¿por qué tanta controversia en torno a este templo cristiano?

Hace años, María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) deseaba hacer de él «un museo de la dictadura». El presidente del Foro por la memoria quería que se convirtiera en un museo «de los horrores de la represión». Más radical aún, el escritor socialista de origen irlandés, Ian Gibson, inconscientemente marcado por los islamistas demoledores de los Budas de Bamiyán, sugirió su destrucción mediante la dinamita.

La ley de memoria histórica, del 26 de diciembre de 2007, había dictaminado provisionalmente que la basílica del Valle de los Caídos debía seguir siendo un lugar de culto católico, pero se prohibirían las concentraciones políticas allí. Esta solución parecía razonable después de todo porque el monumento, entonces el más visitado de España después del Palacio Real y El Escorial, se consideraba parte integrante del patrimonio histórico y cultural español. Pero la tregua duró poco.

Al día siguiente de su llegada al Palacio de la Moncloa en junio de 2018, tomando el ejemplo de su predecesor socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), Pedro Sánchez relanzó deliberadamente la batalla ideológica y puso fin definitivamente al espíritu de la Transición democrática (1976-1982) que había sido elogiada unánimemente por la prensa internacional. Desde el 15 de febrero de 2019, el gobierno de Sánchez se comprometió a proceder lo antes posible a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, enterrado cuarenta y tres años antes en el coro de la Basílica del Valle de los Caídos.

Posteriormente, a menos de un año de haberse llevado a cabo el traslado del cadáver, el 15 de septiembre de 2020 la coalición de gobierno social-comunista (PSOE-Podemos), aprobó un «Anteproyecto de ley de memoria democrática» en nombre de la «justicia histórica» y del combate contra el «odio», el «franquismo» y el «fascismo», a fin de completar perfeccionar la ley de memoria histórica de 2007.  El gobierno social-comunista español pretende promover la reparación moral de las víctimas guerra civil y del franquismo, «garantizar a los ciudadanos el conocimiento de la historia democrática española» y condenar a fuertes multas «la apología del franquismo y la incitación al odio o la violencia contra las víctimas del golpe de Estado y de la dictadura de Franco».

El terrible balance de la guerra de España y sus antecedentes (en particular, el golpe de Estado socialista de 1934) y el de la represión en ambos campos es bien conocido hasta el día de hoy por los historiadores. El coste humano se distribuye de forma relativamente equilibrada, aunque no se puede olvidar la progresiva disminución del territorio controlado por los republicanos durante los tres años de conflicto: 71.500 muertos en combate para nacionales y 74.000 para republicanos; 57. 000 víctimas de asesinatos y ejecuciones sumarias entre los partidarios de los «nacionales», incluidos 6.964 religiosos, y 51.000 entre los «republicanos». Este equilibrio se rompe finalmente solo por las 28.000 ejecuciones de republicanos tras el conflicto.

En 1976, durante el establecimiento de la democracia, la clase política española quería ante todo superar el pasado. No se trataba de olvidarlo, como se dice hoy con demasiada frecuencia, sino de mirar decididamente hacia el futuro y de negarse a abordar el tema para despertar resentimientos y luchas partidistas. Este espíritu de la transición democrática -espíritu de perdón recíproco y de concertación entre el gobierno y la oposición, ha desaparecido ahora. El poder y los grandes medios de comunicación ya no quieren ver en él nada más que una manipulación descarada de la justicia y la historia, una cobardía inaceptable. La nación, la familia, la religión (el catolicismo, por supuesto, pero también el cristianismo en general) se han convertido nuevamente en blancos privilegiados de la propaganda. El gobierno de coalición del presidente Pedro Sánchez (socialista en ruptura con el moderantismo ideológico-cultural de también socialista Pedro Sánchez) y del vicepresidente Pablo Iglesias (líder de Podemos, un partido de marxistas-leninistas y de populistas de extrema izquierda admiradores de los modelos «bolivarianos» o «venezolanos») no ha cesado de reavivar la batalla ideológica y fomentar la agitación social.

Con el paso de los años, el Valle de los Caídos se ha convertido en uno de los pilares de la mitología «progresista». Pero, para otros, también es un símbolo de la lucha por la libertad de expresión y culto. Situado a 58 kilómetros de Madrid, el imponente mausoleo de la Sierra de Guadarrama, donde descansan por igualmente los restos de 33.847 nacionales y republicanos (de los cuales, más de 21.000 identificados y más de 12.000 desconocidos), fue proyectado originariamente por Franco y los franquistas como un monumento para perpetuar la memoria de la «gloriosa Cruzada». Este era el punto de vista de la Iglesia y en particular el del cardenal catalán Primado de España, Plá y Deniel, en 1945. Recordemos que el componente religioso había sido decisivo durante el levantamiento de julio de 1936 y durante toda la duración de la Guerra Civil (1936-1939). Casi 7.000 sacerdotes, religiosos y religiosas habían sido asesinados (sin contar los miles de laicos eliminados por su fe), el culto religioso estaba prohibido (excepto en el País Vasco) y la destrucción de edificios religiosos había sido sistemática. Quince años después, calmados un poco los espíritus, el monumento fue presentado oficialmente como un homenaje a los combatientes de los dos campos «en nombre de la reconciliación». El decreto-ley de 23 de agosto de 1957, además, ordenaba sin ambigüedades: «Este ha de ser, en consecuencia, el Monumento a todos los Caídos, sobre cuyo sacrificio triunfen los brazos pacificadores de la Cruz».

Excavado en el interior de la montaña y coronado con una cruz monumental, el colosal templo fue construido entre 1940 y 1958. La dirección de la obra fue encomendada primero al arquitecto vasco Pedro Muguruza y después al madrileño Diego Méndez. Sus dimensiones faraónicas permiten albergar a 24.000 personas. La nave mide no menos de 262 metros y el crucero se eleva a 41 metros. En la explanada exterior, pueden reunirse no menos de 200.000 personas. La majestuosa Cruz, obra del arquitecto Pedro de Muguruza, se eleva a 150 metros, a los que hay que sumar los 1.400 metros de altitud del Risco de la Nava. Dos vehículos se podrían cruzar en los brazos de la Cruz que miden 45 metros de largo cada uno.

Juan de Avalos es el creador de las esculturas, en particular las gigantescas cabezas de evangelistas al pie de la Cruz. Antes de la guerra civil, militó en las filas de las juventudes socialistas y ostentaba el carné número 7 del Partido Socialista de Mérida. Otro detalle picante, el Cristo que domina el altar mayor y que reposa sobre una cruz cuya madera de enebro fue cortada por Franco, es obra de un nacionalista vasco, el escultor Julio Beobide, discípulo del célebre pintor Ignacio Zuloaga. Finalmente, fue un artista catalán, Santiago Padrós, quien diseñó y realizó el impresionante mosaico de la cúpula de la basílica (40 metros de diámetro).

El edificio religioso comprende no solo una iglesia monumental -que fue visitada y admirada por los futuros papas Juan XXIII y Benedicto XVI- sino también una abadía benedictina y una hospedería para visitantes. Hasta la Transición democrática existía un Centro de Estudios Sociales, cuyo objetivo era estudiar, recopilar y difundir la doctrina social de la Iglesia, a fin de que inspirase leyes y la acción de empresarios y sindicatos. Como sabemos, la ideología del régimen de Franco estuvo marcada por el deseo de reconstruir un Estado predominantemente católico. Por eso el papa Pío XII había conferido al Generalísimo la Orden Suprema de Cristo, la más alta distinción de la Santa Sede.

La historia de la construcción de la obra es objeto de todas las fantasías. Los medios de comunicación han proporcionado las cifras más extravagantes. El número de presos políticos que habrían trabajado en el lugar se habría elevado a 14.000 o 20.000 hombres (o incluso según algunos a 200.000). Al menos eso es lo que se ha repetido hasta la saciedad tras las elucubraciones del socialista Léo Brincat, responsable del proyecto de recomendación del Consejo de Europa condenando al franquismo (4 de noviembre de 2005). El número exacto de trabajadores-presos, sin embargo, nunca excedió de 800 a 1.000 hombres, o sea, menos de la mitad de todos los trabajadores presentes en el sitio (presos y empleados libres). A finales de 1943, la prensa española informó de un total de 600 trabajadores. Por su parte, el arquitecto Diego Méndez afirma en su libro «Valle de los Caídos, Idea, proyecto y construcción», que trabajaron 2.000 hombres en total en el Valle entre 1940 y 1958.

Uno de los pocos investigadores, si no el único, que se ha tomado la molestia de analizar metódicamente el fondo documental del Valle de los Caídos, en el Archivo General de Palacio (Sección de Administración Central) es el catedrático de Historia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, Alberto Bárcena Pérez, autor de una tesis sobre «La Redención de penas en el Valle de los Caídos» y de un libro sobre «Los presos del Valle de los Caídos». Se trata de 69 cajas, cuyos miles de documentos le permitieron derribar la imagen caricaturesca que equipara sin matices la construcción del Valle con los peores campos de concentración nazis o, más raramente, con el Gulag soviético. Los archivos del antiguo Centro de Estudios Sociales del Valle muestran una cifra total precisa: 2.643 trabajadores, incluida una minoría de presos políticos que, en principio, «debían ser voluntarios y haber elegido libremente el sistema de reducción de pena por trabajo”, es decir, en un primer momento, dos días de reducción de la pena por un día de trabajo, y luego, seis días por un día.

Alberto Bárcena precisa que los presos realizaban el mismo trabajo que los trabajadores libres, en idénticas condiciones de salario, horario y alimentación. Los presos y trabajadores libres fueron contratados por las empresas responsables del trabajo. Debían presentar su solicitud a través del Patronato de Nuestra Señora de la Merced o Centro nacional para la redención de las penas, que había sido creado para tal efecto y que tenía su sede en el Ministerio de Justicia. Los salarios de los detenidos (fijados en función de sus responsabilidades familiares) se dividieron en tres partes: la parte principal se enviaba directamente a las familias a través de la intermediación de los “Comités locales pro-prisioneros”, que cubrían la mayor parte del territorio nacional; una segunda parte se colocaba en una libreta cuyo importe total se devolvía en el momento de la liberación del detenido; por último, una tercera parte se entregaba en mano. Los presos políticos no recibían 0,5 o 1 peseta al día como se ha escrito a menudo, sino 7, y luego 10 pesetas, más bonificaciones por trabajos peligrosos. Sus familias podrían residir en los barracones del Valle habilitados para tal fin. Las condiciones de trabajo eran, por supuesto, extremadamente duras y los salarios eran más que modestos, pero hay que recordar que el nivel de vida en España era entonces muy bajo, ya que el salario medio de un asistente de universidad era apenas de 300 pesetas al mes.

En 1950, nueve años antes del final de los trabajos, en virtud del sistema de redención de penas, ya no había un solo preso político en el Valle de los Caídos. Según los testimonios del doctor, médico jefe, Ángel Lausín y del enfermero Luis Orejas (dos partidarios del Frente Popular, que llegaron al inicio de la obra como presos políticos, y que permanecieron allí después de haber cumplido su condena), en diecinueve años de trabajo, hubo entre catorce y dieciocho muertos (a los que hay que sumar más de cincuenta víctimas que fallecieron por silicosis). Finalmente, el monumento no fue financiado por el contribuyente español, sino por donaciones privadas y por los beneficios de las loterías anuales.

Avatar final de la historia: no se respetó la última voluntad del viejo dictador Francisco Franco, fallecido el 20 de noviembre de 1975. El Caudillo quiso ser enterrado en el cementerio de Pardo como otras personalidades del régimen, pero el jefe del primer gobierno de la Transición, Arias Navarro (1973-1976) y el nuevo jefe del Estado Juan Carlos (proclamado rey el 22 de noviembre de 1975) decidieron otra cosa. El rey pidió a la comunidad benedictina, guardiana del Valle y del culto de la basílica, la autorización para enterrar el cuerpo de Francisco Franco al pie del altar frente al lugar de enterramiento de José Antonio Primo de Rivera. Así fue hecho, con gran pompa, el 23 de noviembre de 1975.

Cuarenta y tres años después, la exhumación del cadáver de Franco no podía dejar de reabrir viejas heridas. La ignorancia y el desconocimiento insondable de la mayoría de los políticos y periodistas franceses en materia de historia de España explican la incomprensión y el sesgo con que la batalla político-jurídica que la precedió fue recibida por los principales medios de comunicación del Hexágono. Como las explicaciones dadas por ellos han sido tan escasas como superficiales, no es inútil recordar aquí algunos hechos ignorados o pasados en silencio.

La basílica es un lugar de culto cuya inviolabilidad está garantizada por un tratado internacional de libertad religiosa, firmado por España y la Santa Sede en 1979; los benedictinos, responsables del monumento, no dependen del Vaticano sino de la autoridad de su abad y del abad de la Abadía de Solesmes, superior de su orden; la familia Franco exigió que los restos del Caudillo fueran trasladados a la cripta familiar de la Catedral de la Almudena (Madrid), solución considerada inaceptable por el gobierno socialista; finalmente, el real decreto-ley ha sido fuente de complicaciones por el carácter improvisado de su redacción. La estricta aplicación de sus cláusulas podría conllevar la exhumación inmediata de 19 monjes benedictinos y 172 personas, todos los cuales murieron y fueron enterrados en el monumento tras el final de la Guerra Civil. Finalmente, después de que el Tribunal Supremo diera su aval, la voluntad política del gobierno pudo prevalecer. Las fuerzas del orden procedieron a la exhumación el 24 de octubre de 2019.

Pero apenas unos meses después, en medio de la pandemia de Covid-19, el gobierno social comunista manifestó claramente su deseo de no detenerse allí. El 15 de septiembre de 2020, ha aprobado un «Anteproyecto de ley de memoria democrática», que prevé que los monjes benedictinos serán expulsados y que José Antonio Primo de Rivera, no obstante ser él mismo víctima de la Guerra Civil, también será exhumado. Desde hace meses, un buen número de voces oficiales o autorizadas se sumaron a las asociaciones de familiares de víctimas republicanas para exigir que se realicen investigaciones de ADN en los cadáveres enterrados en el osario del Valle de los Caídos para poder recuperar los restos de sus ancestros.

Pero el asunto no es fácil. Los restos de los 33.847 nacionales y republicanos (incluidos más de 21.000 identificados y más de 12.000 desconocidos) están en su mayor parte inextricablemente entrelazados, debido al deteriorio y los estragos del tiempo, y un gran número de familias se niegan a que se viole la sepultura de sus antepasados. El proyecto de ley también prevé darle una nueva «significación» al monumento. ¿La basílica será profanada y convertida en un osario laico o en un museo de la guerra civil? ¿Será demolida la monumental Cruz cristiana? Los 57 mártires beatificados por la Iglesia, actualmente enterrados en la capilla de la Virgen del Pilar, ¿serán también desenterrados y trasladados?

Estas diferentes opciones son consideradas abiertamente por las autoridades y comentadas regularmente en los principales medios de comunicación. La vicepresidenta socialista Carmen Calvo ha indicado que no existe una «simetría» posible entre los actos imputables a enemigos de la democracia y los cometidos por sus defensores; en otras palabras, que el campo del «bien» y el campo del «mal» no pueden compararse. En cuanto al vicepresidente comunista-leninista, Pablo Iglesias, no oculta su intención de abolir la monarquía, declarando sin rodeos que ahora es «una tarea política fundamental» avanzar decididamente «hacia el horizonte republicano».

El gobierno español tiene la intención de presentar al parlamento todo un conjunto de proyectos de ley (sobre eutanasia, interrupción del embarazo, educación, elección en materia de género, etc.) que chocan de frente con las concepciones cristianas de la vida y el magisterio de la Iglesia. Durante la audiencia concedida a Pedro Sánchez y a la delegación del gobierno español en el Vaticano el pasado 24 de octubre, el papa Francisco recordó de manera significativa que «las ideologías sectarias deconstruyen la patria» y que un político debe «construir la patria con todos». Pero es de temer que no haya sido escuchado.

Los cristianos españoles sufrieron una terrible persecución religiosa durante la Guerra Civil. La Iglesia beatificó a 1.915 mártires de la fe, 11 de los cuales fueron canonizados (471 por Juan Pablo II, 530 por Benedicto XVI y 914 por Francisco, a los que pronto se sumarán otros cincuenta). ¿Debe permanecer callada y muda hoy ante el insólito aumento de agresiones y provocaciones de las que vuelve a ser objeto?

El gobierno español ya no parece buscar la paz más que a través de la provocación y la agitación; la justicia toma la forma del rencor; la democracia, nacida del espíritu de la Transición, se ve cada vez más despreciada abiertamente. Tras varias décadas de relativa serenidad, España afronta sus momentos más difíciles desde la Guerra Civil. Atrapada por sus viejos demonios, se hunde inexorablemente en una crisis moral, política, social, sanitaria y económica de proporciones dramáticas.