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29 marzo 2019 • Los gobiernos españoles nunca han sido capaces de poner en su sitio al vecino marroquí

Gabriel García

Los menas deben ser responsabilidad para sus países de origen

Imaginemos que un grupo de menores de edad españoles cruzara sin ninguna identificación la frontera en dirección a Marruecos y que, instalados allí en condiciones que dejaran mucho que desear en cuanto a seguridad y perspectivas de futuro, esnifaran pegamento, robaran en tiendas, violaran en grupo a chicas jóvenes y propinaran palizas a empleados públicos. El escándalo estaría montado enseguida y no podemos dudar que los progres moralistas pondrían en grito en el cielo, responsabilizando al heteropatriarcado y remitiendo su más sentidas disculpas al país vecino con genuflexiones incluidas. Sin embargo, esta situación se vive a la inversa en nuestro país. Los últimos meses han estado marcados por varios incidentes protagonizados a lo largo y ancho de nuestro territorio por menores extranjeros no acompañados (menas), mayormente de origen marroquí. Estos menores, al igual que los demás inmigrantes irregulares, cruzan a nuestro territorio bajo la excusa de búsqueda de empleo; sin embargo, las instituciones españolas se acogen a los presuntos derechos humanos para hacinarlos en centros de menores que se demuestran incapaces de controlarlos, como demuestran las numerosas conductas delictivas en que se han visto implicados.

Es curioso cómo España da cobijo a los menas en lugar de contactar con su país de origen para que vuelvan bajo la tutela de sus progenitores, tal y como se hace en cualquier país civilizado con un menor fugado del hogar familiar; no hay más que ver, por ejemplo, los carteles difundidos por redes sociales cada vez que un menor desaparece, llamando a la colaboración ciudadana para que ayuden a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a localizarlos y devolverlos a su familia. De este modo, las autoridades españolas se convierten en cómplices de la inmigración irregular teniendo en cuenta que estos menores no pueden acceder a un empleo por no tener un permiso de trabajo y residencia en España ni, en el caso de alcanzar los dieciséis años, un permiso paterno para trabajar. Por desgracia, a las instituciones de nuestro país no parece importarles ser cómplices de las mafias que hacen negocio con la inmigración irregular. Y si a los gobiernos autonómicos, a los ayuntamientos o al Gobierno de turno les resulta indiferente fomentar el efecto llamada de estos menores de edad aunque eso suponga un lucro para las mafias, mucho menos les va a preocupar que violen a mujeres, atraquen a punta de navaja o propinen palizas a trabajadores de los centros de menores.

Todo esto no son fake news de las que tanto alertan ciertos sectores ideológicos entusiasmados con el aluvión de menas, sino hechos contrastados. Otra cuestión es que existan determinados ámbitos profesionales, vinculados sobre todo a la Administración Pública, donde se ha impuesto un discurso concreto encaminado contra los intereses del pueblo español. Y contra los intereses de los propios menas, incluso, ya que las actuales instituciones son incapaces de ayudar de forma efectiva a la juventud residente en nuestro país, tanto a la autóctona como a la de origen inmigrante. España, si en este país aún se aplicara el sentido común, no debería cargar con las responsabilidades de otros países. Marruecos, sobre todo, debe hacerse responsable de sus jóvenes en caso de que las familias declinen hacerse cargo de sus propios hijos, del mismo modo que el Estado español es responsable de sus nacionales. Pero los gobiernos españoles, como demuestran los continuos problemas fronterizos con Ceuta y Melilla, nunca han sido capaces de poner en su sitio al vecino marroquí y han optado por ayudarle a quitarse de encima un problema muy serio, teniendo en cuenta que la juventud anda descontenta y más revoltosa que de costumbre por allí.