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22 mayo 2018 • La implicación de los contribuyentes en la financiación de la Iglesia vía IRPF es significativamente diferente por regiones • Fuente: La Razón-Andalucía

José Manuel Cansino Muñoz-Repiso

La cruz, la X y la estrella

El significativo respaldo de la Iglesia católica en Cataluña al independentismo hace cuestionar a muchos contribuyentes católicos españoles la conveniencia de marcar la X en la casilla de su declaración del IRPF. A través de esta casilla se destina el 0,7% de la cuota líquida del IRPF a esta institución. Entre los católicos la cuestión no es tanto si seguir o no entregando parte de su dinero a la Iglesia sino la manera de hacerlo, es decir, a través de donaciones directas en sus parroquias en lugar de a través de su Declaración de la Renta pues, de esta segunda forma, una parte de sus impuestos puede ir a financiar diócesis abiertamente independentistas. La cuestión es muy sensible y merece abordarse con absoluto rigor.

En España hay casi diecinueve millones y medio de contribuyentes del IRPF de los que más del 35% decidimos marcar la X a favor de la Iglesia Católica en nuestra última declaración bien de forma exclusiva bien de forma conjunta con la casilla de «otros fines sociales». La implicación de los contribuyentes en la financiación de la Iglesia vía IRPF es significativamente diferente por regiones. De entre las quince regiones de régimen de financiación común (todas menos Navarra y las tres provincias vascas), Cataluña es la que registra el menor porcentaje de contribuyentes que marcaron la X a favor de la Iglesia con el 19,76% mientras que Castilla-La Mancha fue la más generosa con el 48,87%. En el caso de Andalucía casi el 42% de los contribuyentes marcaron la X a favor de la Iglesia.

Cuando se añade lo recaudado en los fiscalmente privilegiados territorios vasco y navarro, la cantidad total que recibe la Iglesia vía IRPF supera los 256 millones de euros, cantidad que administra la Conferencia Episcopal. De esta cantidad más del 80% se reparte entre las diferentes diócesis en las que se vertebra territorialmente la Iglesia en España. Como consecuencia, nada hay que impida que se establezcan criterios redistributivos cuyo resultado pueda ser que las diócesis independentistas reciban dinero del resto de España o al contrario.

El respaldo económico que la Iglesia recibe a través de las declaraciones del IRPF tiene una importancia que va más allá de lo estrictamente financiero para ubicarse de lleno en las relaciones entre el Estado y la propia Iglesia. La explicación es la siguiente.

En 1979 se firmaron los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español sobre Asuntos Económicos. Entre otras cuestiones estos acuerdos establecían que «el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico con respeto absoluto del principio de libertad religiosa».

Hasta 2006 el acuerdo anterior se traducía en una transferencia anual en favor de la Iglesia procedente de los Presupuestos Generales del Estado. En 2006, siendo presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el acuerdo fue revisado mediante la disposición adicional 18ª de la Ley 42/2006 del 28 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para el año siguiente (2007). El propio profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y vicepresidente de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Francisco Giménez Barriocanal, ha escrito que la decisión llegó el 22 de diciembre de 2006 tras un largo proceso negociador en forma de intercambio de notas entre la Nunciatura Apostólica y el Ministerio de Asuntos Exteriores. El acuerdo además suponía la adaptación del régimen de IVA de la Iglesia a los requerimientos de la Comisión Europea.

En aplicación de esa reforma legal la Iglesia ya no recibe cantidades con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, renunció a la exención de IVA y se estableció la cesión del 0,7% de la cuota líquida del IRPF para los ciudadanos que lo desearan. Esta es la cuantía de la cuota líquida del IRPF que se transfiere a la Iglesia de cada uno de los ocho millones y medio de españoles que, hasta ahora, hemos marcado la X en la casilla correspondiente en favor de la Iglesia Católica.

El temor del contribuyente a que su dinero pueda acabar financiando una Iglesia entregada al secesionismo visto además el escaso porcentaje de contribuyentes catalanes que marcan la X puede afectar al modelo de financiación de la Iglesia. En la actualidad el dinero procedente de la X representa en promedio el 24% de la financiación de cada una de las 70 diócesis españolas. Sin embargo, la dispersión estadística es considerable y para alguna diócesis el dinero de la declaración de la renta puede representar hasta el 70% de su presupuesto.

Los católicos españoles se han mostrado mayoritariamente críticos con la tibieza de posición que inicialmente sostuvo la Conferencia Episcopal ante el separatismo y absolutamente contrarios a que los Obispos en Cataluña se comporten como pastores sólo de la feligresía golpista. Si visto como ondean las estrellas en las banderas independentistas en fachadas y campanarios en Cataluña deciden dar su dinero directamente en sus parroquias, la capacidad que actualmente tiene el denominado Fondo Común Interdiocesano se vería considerablemente mermada. Esto llevaría a las finanzas de la Iglesia en España a un marco de gobernanza muy complejo en el que los recelos de las diócesis a aportar parte de las donaciones recibidas a la caja común reeditarían algunas de las páginas más oscuras que nuestra Historia religiosa contiene.

La Iglesia atiende actualmente en España a unos 4,7 millones de personas a través de 8.966 centros sociales y asistenciales repartidos por toda la Nación. No creo que la capacidad de asistencia social se vaya a ver afectada, pero la forma de financiarse es posible que sí.