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29 enero 2018 • El extremado deterioro del Régimen de 1978 hacía germinar personajillos impartiendo lecciones parlamentarias sobre Historia

Gabriel García Hernández

Cómo amenaza al disidente la “Ley de Memoria Democrática”

“Damnatio memoriae” en la Roma Imperial. Práctica reiterada con entusiasmo en la España democrática en detrimento de nuestra identidad histórica

Quienes empezamos a tener uso de razón (políticamente hablando) hace una década recordamos la Ley de Memoria Histórica como la obsesión por excelencia de la izquierda. Recién aprobada por el Congreso de los Diputados, todavía el anuncio electoral de Izquierda Unida para las elecciones generales de 2008 se permitía el lujo de exhibir a un joven portando la bandera tricolor y proclamando que no olvidaba por que tenía memoria. De poco les sirvió apelar a dicho sentimentalismo, ya que fueron barridos por el tsunami bipartidista (según calificó Gaspar Llamazares la hecatombe electoral de la coalición) y sería José Luis Rodríguez Zapatero quien apareciera a ojos de los españoles como adalid de la presunta Memoria Histórica. Las consecuencias no tardaron en llegar durante los años posteriores: prohibición de actos políticos en el Valle de los Caídos, retirada de monumentos, estatuas y placas… Sin duda, todo esto no hubiera sido posible sin la presión de propagandistas autoproclamados historiadores y su trabajo en diversos medios (cine, literatura, “investigaciones” académicas) por imponer una versión histórica tergiversada.

Casi ocho años después, la primera oleada memorialista pudo darse por finiquitada. Sin duda, había cumplido su cometido de marcar lo políticamente correcto en materia histórica y, a juicio de sus más acérrimos partidarios, hasta resultaba insuficiente. Las elecciones municipales y autonómicas de 2015 vieron aupados a las instituciones, con todo el poder que eso conlleva, a estos renovadores del memorialismo. Camuflados como regeneradores de la política, entre sus preocupaciones al final no estaba impedir que la gente quedara en la calle si no podía pagar la hipoteca (fuera por ignorancia u oportunismo, habían omitido el detalle de que carecían de competencia para ello) sino eliminar de los callejeros aquellos nombres que les molestaban. Unos claros ejemplos han sido el alcalde de Cádiz, donde se retiró un busto en recuerdo a Mercedes Formica por falangista (daba igual que hubiera logrado más avances para la mujer española que todas las feministas teóricamente progresistas juntas), o la alcaldesa de Madrid, donde además del asalto al callejero se hizo desaparecer una placa que recordaba la fundación de Falange Española en el Teatro de la Comedia. La irrupción parlamentaria de Pablo Iglesias y Gabriel Rufián, entre otros, terminó de hacer presente en la política nacional esta nueva tendencia memorialista. Del mismo modo que los gusanos irrumpen en los cadáveres, el extremado deterioro del Régimen de 1978 hacía germinar personajillos impartiendo lecciones parlamentarias sobre Historia.

Ahora bien, quien no tardó en volver a subirse al carro de la Memoria Histórica ha sido el Partido Socialista. Los mismos que no han tenido problemas en pregonar sus cien años de honradez a pesar de sus públicos escándalos de corrupción (Caso Filesa, EREs de Andalucía) y su implicación en el terrorismo de Estado (Caso GAL), por no hablar de las puertas giratorias de sus dirigentes, se encargaron de aprobar en Andalucía la génesis de lo que amenaza caer sobre el resto de España. La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía aprobada el año pasado ha encontrado apoyos en otras Comunidades Autónomas, donde están en vías de aprobar normativas similares. Ahora el Partido Socialista lleva al Congreso de los Diputados una propuesta de Ley de Memoria Democrática que, entre otras medidas, establece la ilegalización de asociaciones (incluyendo organizaciones políticas) y la destrucción de libros y demás objetos donde se sospeche que existe algo que contraríe dicha ley. Incluso Pedro Sánchez se ha tomado el lujo de hablar de una Comisión de la Verdad, con el tono siniestro que provocan esas palabras en boca del secretario general de la organización que encabezó la mayor persecución religiosa y política en la España del siglo XX.

Esta nueva Ley de Memoria Democrática es una amenaza real para los disidentes. Teniendo en cuenta que vivimos en un país donde escandaliza decir algo tan obvio como que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, así como denunciar la propaganda homosexualista en instituciones educativas y en televisión, no es descabellado advertir que dentro de poco se destruirán libros, películas y objetos históricos por el mero hecho de no encajar con la adaptación que pretenden imponernos (hasta ahora las instituciones del Régimen habían cerrado librerías y hostigado a editoriales y libreros secuestrando sus libros, lo cual demuestra la libertad controlada bajo la que vivimos). Como bien denunciaba Norberto Pico recientemente, la anterior ley iba contra los muertos y la próxima apuntará a los vivos. La denegación de actos, la ilegalización de organizaciones y la confiscación de propiedades personales no son, por tanto, conclusiones alarmistas sobre lo que puede conllevar su posible aprobación parlamentaria. Están en juego la libertad de investigación, los derechos políticos e incluso nuestra propia libertad para decidir qué leer y qué defender. Seamos conscientes antes de que sea demasiado tarde.

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