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10 Marzo 2015 • Es evidente que la solución no puede venir de la mano de los mismos partidos que nos han llevado hasta aquí

José Manuel Cansino Muñoz-Repiso

¿Es de radicales la reordenación del sector público?

Publicado en La Razón el 9/3/2015

La Junta de Andalucía se comprometió a adelgazar el sector público andaluz dentro del paquete de medidas para hacer frente a la crisis financiera y económica desatada en 2007. La medida más importante para acometer ese objetivo fue la denominada “Reordenación del sector público de la Junta de Andalucía”. La medida se tradujo en una aparente decisión de suprimir hasta 95 consorcios mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de julio de 2010. Así lo tiene publicitado la propia Junta en la web destinada a inventariar los entes de la Comunidad Autónoma. En esa comunicación especifica que la información está actualizada a día 3 de Febrero de 2015.

adelgazarEl calificativo de “aparente” que se le puede aplicar a esta decisión se justifica de la siguiente manera. Basta con recorrer la información en la pantalla del ordenador hasta el final para encontrarse con un enlace que dice llevar al “Inventario de Entes de la Comunidad Autónoma de Andalucía en la web del Ministerio de Economía y Hacienda”. Ya veremos que donde verdaderamente lleva es al Ministerio de Hacienda.

La sorpresa es que cuando se consulta esta información aparecen formando parte del listado los 95 consorcios que la Junta de Andalucía exhibe como suprimidos en aplicación de la decisión de “Reordenación del sector público”. La información aclara que está actualizada a fecha de 1 de julio de 2014. Es decir, cuatro años después de la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de suprimir estos 95 consorcios, siguen figurando como parte de los Entes de la Junta de Andalucía en la información oficial del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Por cierto hay un error en la información institucional pues la Junta dice enlazar con el Ministerio de Economía aunque con quien se enlaza es con el Ministerio de Hacienda.

Que nadie haya advertido de esta llamativa situación probablemente evidencia un desinterés no sólo social sino también en los partidos de la oposición y aún del propio gobierno regional, por verificar el cumplimiento de algo tan importante como es la reforma de la Administración Pública. La explicación no es difícil de encontrar en la falta de visibilidad del coste fiscal de estos y otros entes públicos. Sólo si los ciudadanos perciben el coste fiscal de la Administración (la convencional y la paralela) con la misma insistencia con la que se asiste a una campaña mediática institucional, se podrán ver los beneficios de esta reforma y se prestará también atención al efectivo adelgazamiento del sector público. Un adelgazamiento que debe reducir finalmente el nivel de endeudamiento y/o la presión fiscal.

Pero si esto se puede decir de la Administración Regional, sin duda es la reforma del Estado una de las tareas pendientes que ha dejado sin acometer eficazmente el gobierno de la Nación. Recientemente, el Observatorio Económico de Andalucía promovió un Manifiesto que explicaba de manera meridianamente clara el proceso de “inflación administrativa” que soportamos. El Manifiesto denunciaba que el proceso había sido “consistente con los intereses corporativos de los partidos políticos, ya que el desarrollo autonómico les permitió aumentar sus posibilidades de reproducción con mayores competencias, financiación y empleo público (…)”. Es evidente que la solución no puede venir de la mano de los mismos partidos que nos han llevado hasta aquí.

Para los próximos días el mismo Observatorio ha promovido actos en los que los partidos con opciones “demoscópicas” a entrar en el Parlamento de Andalucía van a exponer sus programas económicos. En esta cuestión del adelgazamiento de la Administración resultan interesantes las propuestas de VOX, Ciudadanos y UPyD, sin bien en este último caso su apuesta por el federalismo resulta desconcertante si se quiere conjugar con el adelgazamiento de la Administración.

Parte del éxito de la reforma administrativa que ya han realizado países como Alemania, Italia o Francia, consiste en dejar claro que los derechos fundamentales corresponden a las personas y no a los territorios ni a los grupos de interés. Derechos que deben ser accesibles –en igualdad de condiciones- a todos los españoles residamos donde residamos.

Esta no es una demanda radical aunque con frecuencia los dirigentes acostumbren a llamar “radicales” a todos los que suponen un riesgo para su perpetuación en la poltrona. Es un camino que ya han recorrido otros países de referencia.

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