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19 septiembre 2017 • La actuación de las patrullas y de los tribunales populares se prolongó con el terror policíaco del gobierno de Negrín

Angel David Martín Rubio

1934-1939: Revolución y terror en Cataluña

Con motivo del último desafío planteado por los separatistas catalanes al resto del estado español, son frecuentes en medios comunicación y comentaristas las alusiones a los episodios desarrollados en aquella región durante la República. Ahora bien, junto a bienintencionados que desean que se repitan la enérgica actuación del Gobierno en octubre de 1934 (por desgracia, completamente estéril a la hora de liquidar la revolución rojo-separatista, que se repetiría triunfante apenas veinte meses después) lo más frecuente son graves desenfoques y silenciamientos que contribuyen a deformar la percepción histórica del pasado más reciente común a todos los españoles.

Así, se tiende a justificar y rebajar la entidad de la participación en la Revolución de Octubre de 1934 de la Esquerra Republicana y del presidente de la Generalidad, Luis Companys  y la figura del dirigente revolucionario queda aún más desdibujada cuando se insiste en su fusilamiento en la posguerra sin conexión con su actuación anterior, especialmente en la Cataluña autonómica a partir de julio de 1936.

Sobre todo ello conviene hacer algunas precisiones

El Gobierno de la Generalidad (Companys en el centro) después de su rebelión del 6 de octubre de 1934

El golpe de estado de la Generalidad

Algunos historiadores se hacen eco todavía hoy de la justificación que la izquierda daba de su golpe de estado de octubre de 1934.

Aunque se ven obligados a reconocer que la entrada de la derechista CEDA en el Gobierno era irreprochablemente democrática por su numerosa representación  en las Cortes republicanas elegidas en noviembre de 1933, se añade que las izquierdas temían que dicha medida estaba destinada a hundir la República (está claro que los historiadores neorrepublicanos no agradecen el malminorismo de las huestes de Herrera), máxime si se aprovecha para recordar que en enero de 1933 Hitler había llegado al poder en Alemania, cosa que solo en los desvaríos de la propaganda de la época podía guardar alguna relación con la entrada en el Gobierno de una fuerza política con importante presencia parlamentaria.

Se ocultan aquí dos cosas. Primero, que para la izquierda en general, y para Azaña y los socialistas en particular, no se admitía que la República fuese una forma de Estado en la que tuvieran cabida diferentes tendencias políticas sino que se la consideraba un régimen patrimonial del que había que excluir, si era necesario recurriendo a la violencia, a quienes no comulgasen con los postulados de la izquierda. El apoyo de Companys a la sublevación izquierdista de octubre demuestra que el catalanismo político compartía el mismo concepto, consecuencia lógica del planteamiento de una República sectaria que se hizo en el llamado Pacto de San Sebastián[1].

En segundo lugar, que la CEDA obtuviera en el Gobierno una participación no desproporcionada ni abusiva, sino modesta e incluso inferior a su importancia numérica en el Parlamento, no solamente no justificaba la revuelta, sino que el hecho de asumirla como su determinante es una razón más para considerarla con toda propiedad un golpe de estado. Es decir, una iniciativa destinada a impedir, por la violencia, el normal desarrollo de las instituciones (Cortes, Gobierno, presidencia de la República) previsto en la Constitución vigente. La capacidad agresiva de los revolucionarios obligó a una intervención de las fuerzas de orden público y del ejército y el enfrentamiento adquirió las notas de auténtica guerra civil que implico a todas las fuerzas políticas a la izquierda del expresidente Azaña, que fueron las que respaldaron el golpe. A ellos es aplicable el conocido juicio de Madariaga en el sentido de que «con la revolución de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936» (Salvador de MADARIAGA, España, Buenos Aires: 1955, pág. 527).

Pero, como apuntábamos antes, lo que realmente destaca es la impunidad en que quedó la actuación de Companys y sus compinches. En febrero de 1936, el dirigente catalán había recuperado su puesto y en los meses siguientes se conocerán episodios como los que relata Julián Blázquez Miquel en su detallada crónica de la violencia durante el período republicano (España turbulenta. Alteraciones, violencia y sangre durante la II República, Madrid: 2009).

El terror en la Cataluña de Companys

Los análisis de lo ocurrido entre 1936 y 1939 adolecen de tres graves desenfoques: distorsionar el papel del factor revolucionario en el escenario de la Cataluña en Guerra Civil; ignorar las motivaciones últimas del conflicto entre el gobierno republicano y el de la Generalidad que se reduce a una cuestión de competencias asumibles por cada una de las partes y silenciar el terror sufrido por los oponentes (incluso buena parte de los denominados antifascistas) en la retaguardia catalana.

1. Hablar, simplemente, de largas y traumáticas tensiones entre tres tipos de poder que se disputaban el control de la retaguardia (separatistas, anarquistas y gobierno de Madrid), a manera de tres perros que en igualdad de condiciones se disputan un hueso, lleva a silenciar el apoyo incondicional de Companys a uno de esos tipos de poder: el de los  anarcosindicalistas que controlaban Comité de Milicias Antifascistas y el Consejo de Economía de Cataluña, encargado de las colectivizaciones.

En realidad, Companys era consciente de que si pudo mantenerse en el poder es porque las milicias sindicales y de partido, con las armas que les fueron entregadas al margen de cualquier legalidad, habían abortado la iniciativa de los militares sublevados e impedido que estos recibieran el apoyo de los civiles que estaban dispuestos a movilizarse a favor del Alzamiento.

Después de la entrevista de los dirigentes anarcosindicalistas con Luis Companys, el gobierno de la Generalidad aceptó convertirse en una especie de cobertura del Comité de Milicias Antifascistas, formalmente integrado por representantes de todas las organizaciones pero en manos de los anarquistas. No en vano, Companys había dirigido a una delegación de los que habían sofocado la sublevación unas increíbles palabras que para el republicano Guillermo Cabanellas son reveladoras de «demagogia y abatimiento, al servicio de su propósito de seguir sobreviviendo en el caos»:

«Habéis vencido. Siempre habéis sido perseguidos; y yo, con toda la pena, yo que antaño fui vuestro defensor[2], me vi obligado, por las circunstancias políticas, a perseguiros también. Hoy sois los amos de la ciudad y de Cataluña; porque vosotros solos habéis vencido a los soldados fascistas … Habéis vencido y todo está en vuestro poder. Si no me necesitáis o no me queréis como presidente de Cataluña, decídmelo ahora y seré un soldado más en la lucha antifascista. Si, por el contrario, creéis que en este puesto, que sólo muerto hubiese dejado ante el fascismo triunfante, puedo, con los hombres de mi partido, mi nombre y mi prestigio ser útil en esta lucha que, si bien termina hoy en esta ciudad, no sabemos cómo y cuándo terminará en el resto de España, podéis contar conmigo y con mi lealtad de hombre político, que está convencido de que hoy muere todo un pasado de bochorno y desea sinceramente que Cataluña marche a la cabeza de los países más avanzados en materia social» (testimonio aportado por Diego Abad de Santillán, escritor anarquista que estuvo presente en la entrevista).

2. En segundo lugar, hablar de una posición de creciente debilidad de la Generalidad ante un Gobierno español presidido por el socialista Negrín, solamente puede hacerse desde el dogma indemostrable de que seguía vigente el ordenamiento constitucional y, con él, el Estatuto de Autonomía catalán.

Sin dar por ello cómo válido que el gobierno de Negrín poseyera cualquier tipo de legitimidad constitucional, el hecho cierto es que las autoridades puestas al frente de la Generalidad venían vulnerando la legalidad desde 1934 y lo habían hecho reiteradamente, al igual que el propio Gobierno, desde la ocupación del poder por el Frente Popular en febrero de 1936.

De ahí que para explicar la intervención de Negrín en Cataluña no haya que recurrir a ninguna manifestación de furibundo españolismo centralista en conflicto con un autonomismo constitucional. En realidad, lo que pretendía Negrín a la hora de reforzar la iniciativa gubernamental en Cataluña era fortalecer el proceso de sovietización que estaba protagonizando en toda España. De ahí que los principales perjudicados del progresivo debilitamiento de la Generalidad ante el gobierno central republicano no fueran los separatistas, sino los anarquistas, que habían formado trágica comandita con Companys en el período anterior, y el POUM, partido marxista ajeno a la disciplina soviética.

Tras los sucesos de Barcelona (mayo de 1937) y la maniobra que consiguió la defenestración de Largo Caballero y su sustitución por Negrín al frente del Gobierno, los anarquistas, los comunistas disidentes y el catalanismo de izquierdas, quedaron borrados del mapa político o muy quebrantados mientras que los beneficiarios de la nueva situación serían los comunistas fieles a la ortodoxia soviética y sus aliados. Las checas del SIM, la actuación del DEDIDE y los campos de trabajo establecidos en la región no estaban al servicio de unas inexistentes autoridades constitucionales sino que tenían como único objetivo la desarticulación de los considerados enemigos y la consolidación de la hegemonía soviética.

 

43 presos, entre ellos el Obispo de Teruel fray Anselmo Polanco, fueron asesinados por el ejército rojo en retirada en Pont de Molins (Gerona), el 7 de febrero de 1939

3. Por último, no cabe hacer una síntesis de lo ocurrido en Cataluña entre 1936 y 1939 eludiendo afrontar el trágico exterminio decretado por las autoridades sobre sus oponentes. Quizá era en lo único que estaban de acuerdo revolucionarios, autonomistas y gubernamentales, aunque en ocasiones disputaran entre ellos para tener la exclusiva en la aplicación del terror. Así hay que entender reproches como los lanzados por el propio Companys ante García Oliver o los artículos publicados por José Peiró enLa Vanguardia, cuando todos estaban integrados en el aparato estatal y revolucionario desde el que se cometían los crímenes.

En Cataluña se sitúan los núcleos en que la represión frentepopulista ocasionó, después de Madrid, un número más elevado de víctimas. Las cifras proporcionadas por Solé i Sabate y Villarroya (8.352) han sido generalmente aceptadas y, en líneas generales, coinciden con las que se deducen de las estadísticas oficiales revisadas con la metodología que hemos expuesto en otro lugar (8.826). En las listas obrantes en el Santuario de la Gran Promesa obtenemos 6.138 nombres y la Causa General estimó en 9.513 el total de los asesinados y en 1.605 el de los desaparecidos. Todas estas cifras se refieren al conjunto de las provincias catalanas siendo Barcelona y su capital las que alcanzan los valores más altos (Entre el 50 y el 60% del total regional).

Los dos procesos solapados a que hemos aludido, incidieron muy negativamente sobre los etiquetados como desafectos a través de la actuación de las patrullas y de los tribunales populares. Puede señalarse también como esta actividad represiva se prolongó tras las intervenciones gubernamentales con el terror policíaco del gobierno de Negrín y en los campos de trabajo, alcanzando trágicos rebrotes en la forzosa evacuación de los presos hacia la frontera francesa en 1939.

La presencia de numerosos miembros de la Lliga Regionalista de Cambó entre las víctimas del terror a partir de julio de 1936 deja sin argumentos a quienes pretenden otorgar a las fuerzas al servicio del la Generalidad la exclusiva del catalanismo. Para Solé y Villarroya es el grupo que más asesinados aporta, después de los tradicionalistas, con un 16,88% del total con militancia política conocida por ellos (cfr. Josep M. SOLE I SABATE y Joan VILLARROYA I FONT, La repressió a la retaguarda de Catalunya 1936-1939 (vol. 2), Barcelona: Publicacions Abadía Montserrat, S.A., 1990, pág. 444. Para la clasificación de las víctimas según su procedencia político-social: César ALCALÁ, La represión política en Cataluña (1936-1939), Madrid: Grafite Ediciones, 2005).

Esta situación de terror generalizado obligó a muchas personas en riesgo de muerte a intentar salvarse cruzando la frontera francesa, pasando a zona nacional por la raya aragonesa o saliendo por mar. Además de los que lo hicieron espontáneamente hubo un momento en que las autoridades contribuyeron al proceso de exilio, convirtiéndose así en árbitros sobre vidas y haciendas que podían decidir de manera interesada y parcialísima sobre miles de personas. Caso especialmente dramático fue el trágico contraste entre la suerte corrida por el Arzobispo de Tarragona, cardenal Vidal y Barraquer, y su Obispo auxiliar, mons. Borrás Ferrer.

Una vez interrumpido este sistema, la frontera francesa y el Pirineo fueron la orientación buscada por los que intentaban huir a través de las extensas y bien montadas redes de evasión. Miles de personas pasaron lograron su objetivo pero otros muchos fracasaron y sufrieron las consiguientes represalias o murieron a consecuencia de las penalidades y la actuación de partidas de milicianos o carabineros.

Por todo ello resulta aún más encomiable que centenares de estos exiliados en edad militar, que habían sobrevivido de esta forma al exterminio decretado contra ellos en Cataluña, apenas llegados al extranjero se pasaran a la zona nacional para integrarse de manera voluntaria en el Ejército. El brillantísimo historial de fuerzas así formadas, como el Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Monserrat, nos dispensa de más comentarios al respecto.

*

Podría afirmarse que cualquiera de las anteriores afirmaciones tiene tanto de interpretación como lo sostenido por los áulicos del Frente Popular. Y tal vez sea cierto. Pero no lo es menos, que además de contar con un importante respaldo documental y estar apoyada en la obra de numerosos y prestigiosos historiadores, nuestra interpretación resiste la más arriesgada confrontación a la que debe enfrentarse un historiador: la de los hechos. Hechos que son sistemáticamente eludidos e interesadamente ignorados por quienes se mueven en la reconstrucción ideológica del pasado desde la burla y una ofensa a la sangre de miles de catalanes que dieron su vida por Dios y por España al igual que lo venían haciendo desde hace siglos sus antepasados.

Esa es la verdadera, y más gloriosa, historia de Cataluña.

Para saber más

  • ALCALÁ, César, Checas de Barcelona (El terror y la represión estalinista en Cataluña durante la Guerra Civil al descubierto), Barcelona: Belacqva, 2005.
  • FONTANA, José María, Los catalanes en la guerra de España, Madrid: Grafite Ediciones, 2005.
  • MARTÍN RUBIO, Ángel David, Paz, piedad, perdón…y verdad (La represión en la guerra civil: una síntesis definitiva), Madridejos: Fénix, 1997, págs. 9-13 y 131-147.
  • MOA, Pío, 1934: Comienza la Guerra Civil. El PSOE y la Esquerra emprenden la contienda, Barcelona: Áltera, 2004 y Los nacionalismos vasco y catalán (En la guerra civil, el franquismo y la democracia), Madrid: Ediciones Encuentro2013

[1] En agosto de 1930, se constituyó el comité ejecutivo (luego auto convertido en gobierno provisional de la República) que actuaba desde la ilegalidad para provocar el cambio de régimen político ante la crisis de la monarquía alfonsina. En virtud de la hipoteca asumida en el Pacti de San Sebastián y de la proclamación unilateral de la “República Catalana” por Maciá en abril de 1931, el gobierno provisional otorgó inmediatamente una todavía limitada autonomía y en septiembre de 1932 las Cortes aprobaron un Estatuto de Autonomía en el marco diseñado por la Constitución de diciembre de 1931.

[2] Companys había sido abogado defensor de anarquistas juzgados por actividades terroristas. En noviembre de 1920 fue detenido junto con otros implicados en acciones violentas y recluido en el castillo de Mahón.