16 diciembre 2015 • Decisión tomada en el reinado de Felipe III

La expulsión de los moriscos

Antecedentes y justificación

Existen dos definiciones de morisco: antiguos musulmanes que recibido el bautismo, trataban de mantenerse dentro de la fe cristiana y, otros, que sintiéndose forzados a abrazarla contra su voluntad trataban de mantenerse fieles a su antigua religión. La cuestión de los moriscos comenzó a raíz de la conquista de Granada en 1492. En el siglo XVI, el término morisco era abiertamente despectivo. A esto se sumaban sus formas de vida e incluso de vestido y de habitación. Desde 1085, en que capitula Toledo ante los musulmanes liderando la conquista Alfonso VI de Castilla, “el Bravo”, hasta 1502, la situación jurídica de la fe musulmana en todos los reinos españoles – Portugal incumplió esa norma en 1497 – era la correspondiente a la que en el antiguo derecho romano se definía como “religio licita”; en otras palabras, los musulmanes (“mudayyan” o sometidos, de donde proviene el término mudéjar) podían privadamente practicar su religión e incluso en organizarse en pequeñas comunidades administrativas porque así se había establecido por los reyes en las capitulaciones firmadas. En 1480 había unos treinta mil musulmanes viviendo en territorio castellano y bastantes más en la Corona de Aragón desarrollando la actividad agrícola, que los grandes señores consideraban esencial, sin causar problemas serios. Los impuestos sobre los mudéjares (musulmanes que vivían en zona cristiana y bajo su control) eran menores que los que tenían los antiguos granadinos. Posteriormente la población musulmana creció, por encima de los doscientos mil después de la conquista granadina.

Los Reyes Católicos mantuvieron y accedieron a esas condiciones porque creían que su conversión induciría a la mayoría a solicitar el bautismo. De esta tarea se encargaría el conde de Tendilla y fray Hernando de Talavera, confesor de la reina Isabel y primer arzobispo de Granada. Se estuvieron durante casi siete años convirtiendo o intentando convertir a los moriscos hasta que en 1499 intervino el cardenal Cisneros que consideró que la existencia de tantos musulmanes era un peligro para la Cristiandad y, los métodos seguidos hasta entonces eran demasiado lentos. Entonces se montó un sistema durísimo de malos tratos, logrando conversiones poco sinceras. A partir del dieciocho de abril de ese año (1499) estalló una rebelión que desde el Albaicín se extendió hasta las Alpujarras que duró hasta el 8 de marzo de 1500. Las revueltas se reprodujeron en 1501. Por esta causa, quedó suprimido el status de religión lícita para el Islam, no sólo en Granada, sino en toda Castilla. Los mudéjares tenían dos opciones: bautizarse o emigrar, bien entendido que, transcurrido un cierto plazo, les sería prohibida la salida del reino. La mayoría permanecieron. Para muchos resultaba muy difícil adaptarse a la nueva religión dentro de la cual eran tratados como catecúmenos necesitados de instrucción. La medida, de momento, no fue aplicada en Aragón y Valencia. Hubo zonas donde el predominio morisco era absoluto.

A esta circunstancia se unió el hecho de que piratas berberiscos, alentados y estimulados por los otomanos, y que muchas veces eran ayudados desde tierra por los moriscos cuando hacían incursiones en pequeñas poblaciones de la costa, haciendo bastantes cautivos. Carlos V, en 1525, aplicó la norma vigente en Castilla y también en Aragón; conversión o dejar el reino. Los años transcurridos entre 1565 y 1571 pueden considerarse una época en que la Monarquía Católica vivió bajo la sensación de peligro. En Europa se luchaba contra los luteranos, calvinistas y anglicanos y en España se tenía miedo de una invasión de los turcos, apoyados por los moriscos, que iban a su vez aumentando en número. También influyó en la decisión de expulsar a los moriscos los reiterados fracasos de la política española (paz de Londres, imposibilidad de continuar la guerra en Flandes) junto con la oposición de los rebeldes holandeses a la tregua ofrecida por España (Tregua de los Doce Años). Si se expulsaba a los moriscos se presentaría como un triunfo católico que compensaría las otras cesiones.

Entre las motivaciones de larga duración de la primera década del siglo XVII hay que destacar la sublevación morisca del Reino de Granada (diciembre de 1568) que originó una guerra que concluyó en 1570 con la deportación de los sublevados granadinos a otros territorios del reino de Castilla. En 1570, más de cincuenta mil moriscos fueron expulsados para siempre de su lugar de origen y reasentados en Castilla, Andalucía occidental y Extremadura. Durante los tres años siguientes unos ochenta mil moriscos más fueron expulsados de sus lugares de origen. En esos años Granada perdió hasta ciento veinte mil habitantes. Lo que empezó como una sublevación de salteadores creó alarma en el gobierno de Felipe II, ya que se temía que el Turco junto con los argelinos y hugonotes franceses aprovechasen el levantamiento para invadir España.

Felipe II no hizo caso a los consejeros que le animaban a expulsarlos. Lo que sí hizo fue deportarlos a zonas menos peligrosas, en 1570 y después en varias ocasiones entre 1574 y 1577, momento de máxima presión otomana tras Lepanto. El vicecanciller del Consejo de Aragón, Bernardo de Bolea, bloqueó prudentemente la idea de deportar también a los moriscos de Valencia y Aragón, ya que en varias ocasiones, según la Inquisición había posibilidad de conspiraciones.

En su lugar, lo que se hizo, fue desarmar a los moriscos aragoneses efectuado por sus señores en 1575. Otra causa de larga duración fue la resistencia morisca a asimilar un cristianismo tridentino, creando una apostasía ya que la Inquisición ya había perseguido al islamismo a partir del comienzo del reino de Felipe II. Se abre entonces una intensa actividad inquisitorial en que el primer paciente del Santo Oficio era el morisco. Los tribunales inquisitoriales de Valencia y Zaragoza llegaron a un acuerdo económico con las comunidades moriscas, por los que, a cambio de un pago de una subvención anual, la Inquisición no confiscaba los bienes de los condenados.

No obstante, la persistencia morisca en las prácticas musulmanas provocó además denuncias proféticas (derrota de la Armada Invencible, etc.) anunciando mayores males para el mundo cristiano. Las quejas y denuncias del arzobispo de Valencia, Juan de Rivera, virrey de Valencia y patriarca de Antioquía, eran la que con más clamor se oían, aunque no la única. Felipe II firmó la pragmática de 1567, que prohibía a los moriscos el uso del árabe, vestidos distintos a los del resto de la población; en suma todos los usos y costumbres distintos a los del resto de la población. La respuesta, en las Alpujarras, en Filabres (Almería) y en la Serranía de Ronda no se hizo esperar. Fueron dos los alzamientos: a finales de 1568 y comienzos de 1569. El primer intento de sofocar la rebelión de las Alpujarras, encomendado al marqués de Mondéjar, fracasó. Juan de Austria tomó el relevo con dos fines: acabar con la rebelión interna y rechazar la supuesta ofensiva turca, que nunca se produjo.

El de Austria consiguió pacificar la zona. Un miembro de las familias antiguas granadinas, Fernando de Córdoba y Valor, renombrado como Aben Humeya, pretendía poner de nuevo en pie el antiguo reino de Granada, atrayendo la colaboración de los moriscos levantinos, pero los que formaban su bando querían hacer acciones de pillaje, que proporcionaban ganancias y esclavos. Los moriscos granadinos mantuvieron contactos con el sultán otomano y con los señores de Argel y Tetuán —el hermano de Aben Humeya, Luis de Valor, viajó a Argel y después a Estambul para recabar apoyos—.

El sultán otomano, Selim II, les envió una carta de apoyo en su lucha contra los “malvados cristianos”, y aunque estaba ocupado en la conquista de la isla de Chipre —de la que acabó apoderándose en el otoño de 1570— ordenó que recibieran ayuda desde Argel, aunque ésta fue bastante limitada. Se enviaron armas y provisiones y unos cuatro mil turcos y berberiscos combatieron en las filas de los moriscos granadinos, apoyando siempre a los jefes partidarios de continuar la guerra y contrarios a la negociación. La consecuencia es que Abén Humeya fue asesinado al igual que su hermano y sucesor Abén Abú. Las medidas de represión fueron encomendadas a la Inquisición: se trataba de castigar las prácticas musulmanas obligando a los moriscos a vivir exclusivamente como cristianos. Las denuncias, como ya pasara con los conversos del judaísmo, fueron abundantes. Pero en este caso, los delincuentes no eran exclusivamente los moriscos, sino también los señores en cuyas tierras vivían y trabajaban, algunos de los cuales eran eclesiásticos. La Inquisición llegó a la misma conclusión que con los judíos: la asimilación era imposible, además la quiebra de la Hacienda Real y el fracaso cosechado en Francia (Enrique IV de Borbón – “Paris bien vale una misa” – se había convertido al catolicismo para poder ser elegido rey) puso a España en situación defensiva. Así se llegó a la decisión final. No servía dar a elegir la decisión (bautizarse o salir), pues ya eran cristianos de nombre, había que eliminar un cuerpo social que había llegado a convertirse en muy peligroso ya que ciertos dirigentes moriscos ya habían contactado con Enrique IV.

La Iglesia, como diría el arzobispo Rivera, también estaba convencida que la presencia de los moriscos era un mal. Sólo los grandes propietarios agrícolas de Aragón, Valencia y los jesuitas estaban en contra de la expulsión. El problema morisco se venía arrastrando desde 1502. Los moriscos de los señoríos se sublevaron menos que los de realengo debido a la protección que les dieron sus señores. La principal preocupación de Felipe II fue que la rebelión de las Alpujarras se transformara en un levantamiento generalizado de todos los moriscos de sus estados, incluidos los de la Corona de Aragón —una preocupación que compartían los cristianos viejos de esos territorios —, concertada con una intervención del Imperio Otomano y de sus aliados del norte de África, lo que pondría en peligro a la propia Monarquía Hispánica, una amenaza que se sintió cercana durante la segunda mitad de 1569 y los inicios de 1570. Ya en 1580, el jerife de Fez, cercano a Felipe II, fue el que le reveló una vasta conspiración morisca en unión con Marruecos (en aquella época Fez era un reino independiente del Marruecos que ahora se conoce). En 1596, el marqués de Denia, de Valencia, da a conocer a Felipe II nuevos temores en el mismo sentido, pero el Rey Prudente no quiso enfrentarse al problema pues confiaba en su rápida conversión. En 1602 y en1605, ya reinando Felipe III, está a punto de estallar revueltas de moriscos en Valencia, confirmadas después por fuentes francesas, revueltas que iban a ser apoyadas activamente por Francia y por los berberiscos.

En vísperas de su expulsión, dos terceras partes de los moriscos que vivían en España lo hacían en el reino de Valencia. Bastantes en Aragón y en Cataluña una minoría. En Castilla vivía el resto. Mayormente los moriscos eran campesinos sometidos a señorío ocupando en exclusiva comarcas en las que había pocos cristianos viejos. Eran comunidades muy cohesionadas, dirigidas por una elite de familias ricas que desarrollaban una importante actividad comercial. Los moriscos valencianos eran los que mayormente mantenían los rasgos culturales moriscos: uso del árabe, vestidos tradicionales femeninos, costumbres alimenticias, etc. Todo vinculado a su fe islámica.

En Castilla había dos tipos de comunidades moriscas: los antiguos mudéjares, convertidos a principios del siglo XVI, asentados en ciudades y en determinadas comarcas de la Mancha, Extremadura y la zona del Ebro y que estaban muy asimilados a la sociedad de los cristianos viejos sin haber perdido su identidad. Otra comunidad fue la que se añadió a partir de 1570 y que componían los granadinos deportados del reino por la guerra de Granada, que se distribuyeron de forma irregular por el Guadalquivir, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia que tuvieron que reconstruir sus vidas en el exilio en condiciones muy duras, perdiendo poco a poco sus signos de identidad islámicos. Las razones de la expulsión se debieron por un lado a motivaciones de larga duración y por otro a la política de Felipe III y de su valido, el duque de Lerma, en la primera década del siglo XVII. Entre las primeras se encuentran la pervivencia musulmana y su negativa a vivir como cristianos. Se hicieron serios esfuerzos en este sentido. Entre 1492 y 1566 se publicaron catecismos o colecciones de oraciones cristianas en lengua árabe.

Juan de Rivera, arzobispo de Valencia, se dedicó durante los cuarenta y un años precedentes a la expulsión, a evangelizar a sus feligreses moriscos y a defenderlos contra las coacciones. El obispo de Segorbe le imitó. Se fomentó los matrimonios mixtos. La Inquisición multiplicó los edictos de gracias (el edicto de gracia era el primer paso de las “visitas” de la Inquisición a una ciudad o un área rural en el que se invitaba a la denuncia de uno mismo como hereje en un plazo de entre treinta o cuarenta días, durante el cual no sería castigado con penas severas siendo posteriormente sustituido por el edicto de fe, mucho más duro), mostrándose indulgente. Y, a partir de 1571, estableció que los bienes de los moriscos perseguidos por herejía no fueran ni secuestrados ni confiscados, lo que favorecía a los moriscos en relación con otros súbditos. Como contrapartida, los moriscos aceptaron pagar a la Inquisición una tasa anual de dos mil quinientos ducados, una miseria. Además no todos los moriscos eran pobres; en un informe a Felipe II se señala que en Andalucía y en Toledo, había más de veinte mil que disponían de ingresos superiores a veinte mil ducados, casi el diez por ciento del montante de la tasa que todo el conjunto de los moriscos pagaba a la Inquisición. No se podía hacer más, pues no existía país en el curso de la historia, en que el cristianismo haya desplazado al islam. La cristianización de los moriscos, era tan evidentemente imposible, que los que habían intentado por conseguirlo acabaron por ser los más ardientes partidarios de la expulsión (el obispo de Segorbe y el arzobispo de Valencia).

Preparación

A causa del estrepitoso fracaso en la toma de Argel (1601), en tiempos del duque de Lerma, valido de Felipe III, del también fracasado programa de evangelización y conversión de los moriscos preparada durante años, es aprovechada por el propio Rivera para solicitar la expulsión de los moriscos. Aunque el monarca la aprobó, Lerma y algunos consejeros se opusieron, archivándose la propuesta. Los holandeses de las Provincias Unidas se opusieron tenazmente a las concesiones ofrecidas por Felipe III en materias de religión por lo que la posición de Lerma se debilitaba dentro de la Corte. Finalmente, por temores infundados de una invasión de Península por parte del Turco y para evitar otra guerra con los neerlandeses se planteó la Tregua de los Doce Años y se volvió a plantear el tema de la expulsión morisca. El cuatro de abril de 1609, el Consejo de Estado aceptó la expulsión y comenzó a estudiar el procedimiento para llevarla a cabo. La decisión se fundamentó en la razón de Estado, por el presunto peligro que suponía un posible apoyo morisco a una supuesta amenaza de invasión de España por los marroquíes con el auxilio de los holandeses. Se acusó de forma global a los moriscos de apostasía, que aunque estaban bautizados, se les acusaba de seguir fieles a la fe islámica a pesar de todos los esfuerzos para convertirlos.

Se comenzaron los preparativos con todo sigilo, iniciando el proceso con los que vivieran a veinte leguas de la costa, que afectaba directamente a valencianos y andaluces; se puso en marcha un plan militar basado en las flotas de galeras del Mediterráneo, reforzada con infantería de Italia y apoyadas por los galeones del Atlántico. Pero a finales de julio se cambió el plan y se comenzó con la expulsión de los valencianos, seguidos de los castellanos. El cuatro de agosto en Segovia, Felipe III firma las instrucciones para los generales encargados de llevar a la práctica la decisión: Agustín Mexía y el marqués de Caracena, virrey de Valencia, ayudados por el arzobispo Ribera. Con el mayor secreto, los tres, en contacto con el Consejo de Estado fueron preparando la expulsión mientras las flotas se reunían en las islas Baleares, frente a las costas valencianas. La elaboración fue complicada; que hacer con los buenos cristianos, los niños, y los matrimonios mixtos. Los moriscos no podían escapar mediante una conversión religiosa puesto que estaban bautizados y la expulsión se basó en una condena de traición. Los niños menores de cuatro años se quedarían si los padres estaban de acuerdo, para ser educados en el cristianismo. Por indicación de Lerma, a los señores de los moriscos se les compensó de la pérdida de sus vasallos y trabajadores con la propiedad de los bienes de los moriscos (algunos historiadores dicen que fue Lerma el que como era “señor” de moriscos, por interés personal, impulsó y obligó a cumplir esa norma). La estrategia consistía, por una parte, en tener los preparativos tan avanzados que las negociaciones no pudieran impedir el embarque. Por otra, había que ganarse a las fuerzas vivas del Reino por medio del clientelismo, obra que debía hacer el virrey, y de la defensa de la fe, misión del arzobispo Ribera. El quince de septiembre, el Consejo de Estado se ratificó en su decisión de expulsar a los moriscos valencianos y castellanos. Se dio la orden que las galeras se reuniesen en Ibiza y de allí partieran a sus destinos.

El decreto de expulsión de los moriscos de Valencia apareció el 29 de septiembre de 1609. La expulsión de los moriscos de Andalucía y Murcia se decretó el 9 de diciembre de 1609. En abril de 1610 la de aragoneses y catalanes; luego la de los de Castilla, La Mancha y Extremadura.

En fechas posteriores se fue informando a las instituciones y personalidades; el dieciocho de septiembre, Lerma informa al Consejo de Aragón de la orden de expulsión de los moriscos valencianos, y que fuera estudiando los problemas del censo sobre los bienes de los moriscos y la forma de repoblar la zona e informar al Rey. Al arzobispo de Zaragoza, virrey de Aragón, se le dijo el mismo día, informándole que la orden no afectaría a los moros aragoneses. Sólo se mantuvo la promesa siete meses. A pesar del secreto, en Valencia ya se sospechaba algo por lo que una comisión de moriscos salió para entrevistarse con el Rey. El 21 de septiembre mientras la comitiva se dirigía a ver al monarca, en Madrid, el virrey de Valencia entregaba a los nobles titulados, a los diputados del reino y a los jurados de Valencia las cartas reales con la decisión tomada, y el 22 lo hacía al estamento militar, que con quejas, pues veían la catástrofe laboral que se avecinaba para sus haciendas, aceptaron la decisión real. Finalmente, el 22 de septiembre se pregonó por las calles de Valencia el bando del marqués de Caracena. Cuando la embajada se entrevistó con Felipe III, el proceso de expulsión ya estaba en marcha. El bando muy elaborado, comenzaba con una exposición de motivos, basada en una carta real de cuatro de agosto, que resaltaba como ante las conspiraciones constantes de los moriscos, especialmente valencianos y castellanos y el inútil esfuerzo de su evangelización, se había decidido expulsar a Berbería a los del Reino de Valencia por apóstatas y traidores. También decía que bajo de pena de muerte, una vez publicado el bando en cada localidad, los moriscos quedarían recluidos en ella hasta que fueran conducidos a los puertos por los comisarios. Durante el embarque, se les abastecería, pero recomendándoles que llevaran lo que pudieran. Se les autorizaba a llevar los bienes que pudieran cargar, excepto pólvora. El resto de sus pertenencias quedaba para los señores y se amenazaba con pena de muerte a los vecinos de los lugares en que se escondieran o destruyeran lo que no pudiesen llevar. También se castigaría con seis años de galeras a quienes les ayudasen a ocultarse o huir.

Para tranquilizar a los moriscos se amenazaba a los cristianos viejos que les maltratasen y se ofrecía la posibilidad de que de cada expedición regresaran diez a informar a los demás del trato recibido durante el viaje. Por último se daba libertad a los que no quisiesen ir al norte de África para que fueran a otros reinos distintos de los españoles. Se había planeado el control militar del territorio valenciano por las flotas de guerra y los saldados traídos de Italia, junto con la movilización de las milicias territoriales. Se designaron comisarios, con la misión de dirigir el desplazamiento de las poblaciones moriscas de las demarcaciones del reino hacía uno de los puertos elegidos: Vinaroz en el norte, Denia y Alicante en el sur. El planteamiento era comenzar por los más cercanos a la costa, llevándolos lo más deprisa posible a los embarcaderos donde esperaban las escuadras reales, que realizaron tres viajes al norte de África entre principios de octubre y finales de noviembre. Aparte de en los navíos de guerra, los moriscos deseaban también embarcarse en buques mercantes, que negociaron con las autoridades la posibilidad de concertar el traslado con los patrones, la mayoría franceses, para que lo llevasen.

Las autoridades aceptaron rápidamente esas demandas, ya que así se aceleraba el proceso, y se liberaba a la administración y a la hacienda real del trabajo y gasto de proveer de naves para sacarles del reino, sin por ello renunciar a mantener el control de las naves. Esto permitió utilizar el puerto de Valencia al no tener que utilizar naves de guerra al ser un embarcadero muy abierto y sin protección alguna. Sorprendió a las autoridades la predisposición con que los moriscos acudieron a embarcarse. Sólo, avanzado el proceso, se produjeron sublevaciones en las sierras de Laguar (Alicante) y Cortes (Valencia), reprimidas con relativa facilidad y que no interrumpieron el ritmo de las salidas, aunque crearon un residuo de moriscos que costó bastante erradicar.

Decisión y desarrollo

El responsable en Castilla fue Bernardino de Velasco, conde de Salazar. En Valencia fue el maestre de campo Agustín Mejía, en Andalucía fue Juan de Mendoza, conde de San Germán, en Murcia fue Luis Fajardo, marqués de los Vélez. En 1608 los mismos moriscos de Valencia recurrieron a la ayuda marroquí; y en la primavera de 1609 fueron escuchados, porque el jerife de Fez acababa de ser vencido por el fanático sultán de Marraquech. Entonces, España para no ser cogida desprevenida, ataca, a través de una operación poderosamente organizada y ordenada. Fue la expulsión morisca en la que España perdió mucho menos de lo que se ha dicho. Algunos pueblos de labradores quedaron despoblados, algunas profesiones perdieron hábiles artesanos y los riegos perdieron muy poco con ello. La razón fue que los cristianos viejos cultivaban las fértiles huertas de regadío de las regiones de Valencia y Alicante, en su gran mayoría. A los moriscos, se les había asignado las malas tierras, las de secano, de la zona interior. La Inquisición tuvo su parte de culpa, como todo el país. La Inquisición también se quejó de las dramáticas consecuencias económicas de la expulsión morisca para la propia institución.

La expulsión decretada en 1609 por Felipe III, fue impulsada por Lerma, más que por el propio rey. Se podía haber resuelto por medios disuasorios. Distribuidos por las zonas agrícolas de Cataluña, Valencia, Murcia, Aragón y Andalucía, los moriscos eran buena parte del pueblo labrador. Los moriscos no aceptaron de buen grado su expulsión. El decreto se leyó por vez primera en las calles de Valencia, pero en Alicante estalló un movimiento de rebeldía mientras esperaban el embarque. La resistencia fue inútil. En Andalucía la expulsión se realizó sin dificultades, y el éxodo morisco ya había comenzado antes de hacerse público la decisión real.

Refugiados en el norte de África, también los moros abusaron de ellos. Un grupo mejor organizado se situó en Salé (Marruecos), propiciando una zona de pirateo que constituyó un serio peligro para la seguridad comercial y pesquera cristiana. Más de ciento cincuenta mil brazos útiles para el campo abandonaban España, victimas por los caminos de saqueos y extorsiones. La opinión del país, especialmente en la zona valenciana estuvo muy dividida. Hubo voces autorizadas: padre Aliaga, confesor real, obispos de Tortosa y Orihuela que defendían la no discriminación de los expulsados, sino que se excluyesen de ella a los auténticos conversos y a los moriscos “bien dispuestos”. Lo que más dividió fueron las razones económicas. Los señores de los vasallos moriscos se erigieron, en su gran mayoría, en defensores de los mismos, ya que su expulsión perjudicaba sus intereses y socavaba la fuerza e influencia que los moriscos les proporcionaban con su adhesión y laboriosidad. Uno de los señores que estaban totalmente a favor fue el duque de Lerma. Los perjuicios de la expulsión se advirtieron de inmediato, en las regiones donde trabajaban los moriscos, desapareció el campesinado y la ruina fue total. Los moriscos eran buenos artesanos, agricultores y comerciantes, desapareciendo con ellos buena parte de industrias de curtidos, sederías, paños, algodón, etc.

En la industria se notó menos, menos en Sevilla en donde muchos moriscos trabajaban de cargadores en el puerto agravando los problemas que ya afectaban al comercio con América. Hubo protestas eclesiásticas por esta situación, pidiendo remedio, lo que para algunos, no para todos, significaba la expulsión. Se les acusaba de apostasía y traición por sus contactos con turcos, argelinos y otros enemigos de la Monarquía Hispánica, a los que animaban a atacarla prometiéndoles ayuda económica y militar en forma de levantamientos.

La cuestión cambió radicalmente con Felipe III que desde el principio de su reinado se mostró favorable a su expulsión. Pero el duque de Lerma, hasta 1607, no se mostró partidario de la medida. En el decreto de expulsión se resumen las causas: los moriscos no cumplen con la fe, ofenden a Dios, cometen crímenes y violencia contra los cristianos viejos y han conspirado contra la Corona buscando ayuda del Imperio Otomano. Los moriscos sabían ya la suerte que les aguardaba. Muchos vendían a cualquier precio sus haciendas y, desde varios meses antes, emigraban a otros reinos: África y Francia. Llegaron la galeras de la flota de España (Pedro de Toledo que también mandaba las galeras de la escuadra de Italia, las de Portugal, las de Sicilia, las de Génova y las de Cataluña), desembarcando tropas viejas al mando de Pedro de Toledo, que tomó la sierra de Espadán (Castellón). Comenzó el embarque dirigido por Agustín de Mexía ayudado por el arzobispo Ribera y el virrey, marqués de Caracena. Los moriscos habían de embarcarse en los puertos designados, había severas penas para los que eludiesen la orden y para los que maltratasen a los exilados. En cada pueblo de más de cien casas de moriscos, se permitía que se quedasen seis, los más viejos y mejores cristianos, para que instruyesen a los nuevos pobladores en los oficios locales. Embarcaron los primeros en Denia, en las galeras de Nápoles, que mandaba Luis Fajardo.

Eran casi todos súbditos del conde de Maqueda, que se embarcó con ellos y los acompañó hasta África. Llegaron con buen tiempo a Orán, donde salió a recibirles el conde de Aguilar, gobernador de la plaza. El rey de Tremecén (ciudad al noroeste de Argelia) envió un capitán con quinientos caballos y mil camellos contratados a un judío para trasladar las mercancías. Se había ordenado que algunos de los moriscos volvieran a España para dar noticias a los que se quedaban de cómo habían sido tratados durante la travesía y el desembarco. Algunos grupos que habían fletado bajeles particulares, franceses o italianos, por desconfianza de las galeras reales “fueron echados a la mar, desembarcados en islas estériles y asesinados para robarles “. El gobierno fue el único que les defendió de la rapacidad de bandoleros y corsarios. Animados por estas noticias, se aceleró el embarque. En los navíos reales embarcaron, en distintos puntos de la costa desde Vinaroz hasta Alicante, unos sesenta o setenta mil moriscos. Al principio iban con gran alegría, deseosos de dejar España y establecerse en África, pero pronto les llegaron noticias de desafueros cometidos por cristianos viejos de su calamitosa situación para robarles o maltratarlos. Todo esto encendió el mal contenido espíritu levantisco de los que aún quedaban en España, fortalecido por el instinto de conservación y la esperanza de que los turcos y africanos vendrían en su socorro. Y al final de octubre unos doce mil se sublevaron en Finestrat, Rellen, Guadaleste, (Alicante), Muela de Cortes (Valencia), Vicor (Zaragoza) y otros lugares. Mexía los atacó, pero cuando los redujo, los trató con magnanimidad. Todos se fueron sin protestar a excepción de los de Hornachuelo (Córdoba) que tuvieron que ser reprimidos y condenados.

En Valencia había numerosos pueblos cuya población era enteramente morisca: Teresa, Cofrentes y Cortes. En Castilla la Vieja: Ávila y Valladolid. En el reino de Toledo: en la ciudad misma, en el campo de Calatrava, Ocaña, Pastrana y Ciudad Real. En la Mancha: San Clemente, Escalona, Manzanares, Alcázar, Valdepeñas, Villarobledo, etc. En Extremadura: Magacela, Benquerencia y los de la región de Plasencia. Una gran mayoría pasaron a los reinos del norte de África (Orán), algunos a Turquía y a Francia y los menos, a Italia. En África muchos fueron expoliados y asesinados por sus propios guardianes. Los que iban en bajeles contratados fueron los que lo pasaron peor. La causa del mal recibimiento que tuvieron en África fueron los celos de judíos, moros y árabes, que temían que los moriscos recién llegados acapararan los oficios productivos. Así pues, los moriscos, en plena degeneración racial, disgregados y amilanados, fueran arrojados de muchas partes. Tuvieron mejor suerte los que fueron a Túnez. Muchos fueron a Fez y otras ciudades marroquíes donde, en general, fueron bien recibidos, menos los sospechosos de haberse convertido al cristianismo a los que maltrataron y obligaron a volver a la fe de Mahoma. A Salónica (Grecia) llegaron unos quinientos moriscos de Aragón. En Constantinopla se fijaron algunos valencianos y bastantes de Sevilla. En Pera, arrabal de Constantinopla hicieron una gran colonia, que llegó a ser tan fuerte, que quisieron expulsar a los cristianos, impidiéndolo el embajador de Francia. Muchos se hicieron marinos. Otros, llevados por su odio a España, se dedicaron a la piratería. Las estimaciones precisas cifran entre ochocientos mil y novecientos mil la totalidad del número de moriscos expulsados aunque algunos historiadores disminuyen esa cifra hasta unos trecientos mil. Muchos de los que se anticiparon a la expulsión lo hicieron a Francia; eran los más ricos e influyentes, sobre todos los de Aragón, por la proximidad de sus fronteras y por la ayuda que podían recibir de sus amigos en el mediodía de Francia (Toulouse, Marsella).

Una parte de los moriscos, hartos de tanta guerra con los españoles, se fueron contentos, pero la mayoría no se querían ir. Muchos, para quedarse alegaron que eran cristianos. Los que se quedaron eran principalmente del campo de Calatrava, Almagro, Villarubia de los Ojos y Daimiel, pero los que fueron encontrados, fueron enviados a galeras o a trabajar en las minas de Almadén. Pero los rigores de la expulsión fueron compensados con la ayuda de los grandes señores o en los monasterios, especialmente a los ya cristianos o los que estaban a punto de bautizarse. Bastantes ingresaron en conventos y muchas mujeres se casaron con cristianos; así eludieron el salir. De los que salieron, bastantes volvieron empujados por las persecuciones en tierras extranjeras, sobre todo en África. Pero más les empujaba la nostalgia de España. Eran tantos los que regresaban que se publicaron dos edictos, en septiembre de 1611 y abril de 1613, amenazándoles con galeras. Los edictos no sirvieron de mucho, pues seguían regresando, bien pasando inadvertidos, alegando cualquier causa pacífica o incluso queriendo ir a pedir perdón al rey por sentirse arrepentidos.

Expulsión del resto de moriscos

No habían acabado de salir los valencianos cuando se ordenó la salida de los andaluces, murcianos y de la villa extremeña de Hornachos mientras que se permitía emigrar libremente a los castellanos que lo desearan (Argel y Tetuán). Los puertos de Sevilla, Málaga y Cartagena vieron embarcar en 1610 a más de treinta y cinco mil personas fundamentalmente procedentes de Granada, deportadas y distribuidas por Andalucía y Murcia. De las dos Castillas salieron para Irún, pasando obligatoriamente por Burgos; de fines de enero a finales de abril salieron unas treinta mil personas de Castilla la Vieja y del reino de Toledo. El uno de mayo, Felipe III ordenó cerrar la frontera con Francia ordenando que se embarcaran todos en Cartagena. Hacía allí se dirigieron los extremeños y manchegos en número desconocido. Mientras esto sucedía, se había decidido la expulsión de catalanes y aragoneses decretada por el rey el diecisiete de abril de 1610. La expulsión de éstos se realizó ese verano. Los moriscos catalanes fueron los primeros en ser llevados al puerto de los Alfaques, en el delta del Ebro.

Para Aragón se contaba con el plan desarrollado por el virrey Aytona permitiéndose la salida por los puertos pirenaicos de Aragón y Navarra hasta Francia. En total, entre julio y septiembre de 1610 abandonaron España algo más de noventa y cuatro mil moriscos aragoneses y catalanes. Más trabajo costó erradicar a los moros de la Corona de Castilla (de origen granadino que no había querido emigrar voluntariamente, de los antiguos mudéjares castellanos, muchos muy integrados en la sociedad española y que litigaban para no ser expulsados). El diez de julio de 1610 se ordenaba su salida. Los de Castilla la Vieja volvieron a dirigirse a Irún para pasar a Francia; los de la Mancha y Extremadura lo hicieron por Cartagena. El procesó avanzó muy lentamente y en 1611, el Rey tomó una serie de disposiciones muy duras para expulsar a todos sin contemplaciones y evitar el retorno de los ya deportados.

El 22 de marzo se ordena la salida de todos los granadinos que quedasen, así como los antiguos mudéjares castellanos. Ante la resistencia cada vez más grande, que en muchos casos contaban con el respaldo de las autoridades eclesiásticas y municipales, se enviaron comisarios que rebuscaron y expulsaron a los moriscos restantes, ya en pequeño número. El proceso se cierra a comienzos de 1614 con la expulsión de los murcianos descendientes de los antiguos mudéjares que habitaban especialmente en el valle de Ricote (Murcia); algunos fueron autorizados a quedarse por estar totalmente integrados entre los cristianos viejos. En justicia, se les expulsó a la mayoría, siendo totalmente cristianos. De los expulsados, las dos terceras partes procedían de la Corona de Aragón y el tercio restante de Castilla. Bastantes de los expulsados regresaron. El gobierno se empleó a fondo para localizarlos y castigarlos.

Muchos de ellos pudieron pasar desapercibidos, por vestir y hablar como los cristianos viejos difuminándose entre ellos. Los sectores más intransigentes impusieron su criterio: se creó una amplia cobertura ideológica y publicista, para “arrancar” la sangre morisca de raíz, sin que importara su comportamiento religioso o su inserción en la sociedad dominante, dicho criterio defendía que la expulsión morisca significaba el final de la Reconquista. Un nuevo punto de vista: no se trataba de expulsar a los moriscos, si no de evitar que volvieran. Muchos de estos deportados moros se enrolaron en las tripulaciones de los corsarios facilitando lugares que podían ser atacados para realizar desembarcos y hacer cautivos, aumentando la peligrosidad de la navegación por el Mediterráneo.

Consideraciones

El mayor daño producido con la expulsión fueron la agricultura y los oficios manuales. Eran los únicos que cultivaban el campo español (con excepción de las tierras de riego), porque la población cristiana útil había disminuido mucho, sobre todo en los campos. La razón estaba en que el trabajo en el campo era muy duro y los oficios humildes normalmente los hacían los moriscos, pues los cristianos se dedicaban a casar sólo a algunos de sus hijos, los demás entraban en la Iglesia; otros entraban en el ejército, emigraban a América, eran servidores de la nobleza, se dedicaban a oficios urbanos o en la burocracia. Los españoles preferían otro tipo de trabajo menos duro, conquistando en América y mirando con desprecio los oficios mecánicos. A comienzos del siglo XVI se insistía en la limpieza de sangre y hasta en la “limpieza de oficio” para la entrada en determinados gremios (los moriscos no podían ser oficiales, aprendices ni maestros en ningún gremio). Los oficios de los moriscos no agricultores eran: calderero, herrero, alpargatero, jabonero, tejedor, sastre, soguero, espartero, ollero, zapatero y revendedores, trabajaron en el curtido y trabajo de pieles, como carpinteros y ceramistas. También como artificieros, arrieros, transporte de animales de carga, transporte fluvial (en el Ebro).

El analfabetismo era algo mayor que el de los cristianos viejos, pero eso no impidió que hubiera escribanos, médicos o físicos, curanderos y boticarios, a pesar de las trabas que se les ponía para practicar estas profesiones. Los mudéjares sobresalieron en la platería y en la manufactura de armas y jaeces de caballos. Destacaron por las edificaciones y obras de ebanistería de gran valor artístico. La cerámica de Manises, Talavera y Sevilla, en sus orígenes, fue obra de los moriscos. Tras la expulsión, las ferias de Medina del Campo, índice de la economía española, se resintieron con fuerza. Padeció sobre todo el cultivo de regadío, en especial la industria del arroz, la caña de azúcar, el gusano de seda, los repujados de cuero y la confección de seda y brocados. La debilidad nacional se acrecentó gravemente con la salida de sus mejores artesanos: los moriscos. Pero las Cortes de Castilla, años antes de la expulsión, ya se quejaban de la despoblación del reino para la agricultura por la gran cantidad de personas que acudían a la corte y grandes ciudades en busca de oficios, pajes, lacayos, etc.

La emigración morisca no hizo sino acentuar esta decadencia. El gran número de extranjeros que trabajaban en el país, especialmente franceses, demuestra la falta de mano de obra española, indispensable para el desarrollo español. Se procuró que en los campos y en los oficios vacantes los moriscos fueran sustituidos por cristianos viejos. Durante el final del siglo XVII y la primera mitad del XVIII, con la guerra de Sucesión y el agravamiento de los males iniciados en tiempo de los Austrias, se notó la ruina material del país. Los políticos reformadores de los primeros borbones, seguían atribuyéndolo todo a la expulsión de los moriscos. Campomanes – un ejemplo – (ministro de hacienda de Carlos III) fue el alma del intento de repoblación de Sierra Morena por colonias de extranjeros. Conforme pasaba el siglo XIX empezaron a repararse los daños.

A partir de la Guerra de la Independencia y a pesar de las luchas políticas hasta la restauración borbónica en 1874 (Alfonso XII), la población española aumentó rápidamente acentuándose el incremento cuando en 1898 se perdieron las últimas colonias, disminuyendo bruscamente la permanente emigración a ultramar. La expulsión de los moriscos fue un mal, pero un mal necesario, porque era el único remedio de otro mal peor: la existencia y auge dentro del Estado español de un pueblo extraño y hostil. España sirvió de dique a la invasión de Europa del poder mahometano. Los Reyes Católicos no remataron la reconquista cuando pudieron hacerlo con menos violencia en el instante que finalizó la Reconquista, dejando a este lado del Estrecho a una población musulmana numerosa e inasimilable. Lo que entonces no se hizo, hubo de hacerse con mayor daño y escándalo un siglo después. La expulsión morisca fue víctima de la impotencia de España para asimilarlos y de su propio rechazo a serlo y también por sus propias imprudencias, de sus conspiraciones. La expulsión fue una medida de seguridad nacional española y llevada a cabo en cuanto el retorno de la paz que permitió la concentración de la flota de guerra, navíos y galeras, para transportarlos. Esto desbordaba el ámbito de la Inquisición. La decisión estaba preparada, y fue tomada en deliberaciones unánimes del Consejo de Estado.

Es significativo que el decreto de expulsión fuera firmado el nueve de abril de 1609, el mismo día que España, con la Tregua de los Doce Años, aceptó la legitimidad de la independencia de las Provincias Unidas. También el hecho de que, cuando algunos moriscos procedentes de Castilla llegaron a la frontera de Francia, al ser admitidos, tuvieran que aceptar dos condiciones: vivir sinceramente como cristianos y de instalarse en los lugares señalados.

En Castilla, la expulsión los efectos fueron poco significativos. Para la agricultura valenciana y aragonesa, las consecuencias fueron muy dolorosas.

Cervantes, en el la segunda parte del Quijote, hace referencia a la expulsión morisca a través de Sancho Panza, que tuvo relación con un morisco imaginario, llamado precisamente Ricote (zona murciana de donde salieron los últimos expulsados):