31 enero 2015

Comunión Tradicionalista

El carlismo y la Unidad Católica

El que fuera Arzobispo de Pamplona, José María Cirarda, recordaba en sus Memorias un diálogo dramático en el fondo, aunque superficial en apariencia, con el Obispo de Las Palmas don Antonio Pildain en 1965, a propósito de la Declaración del Vaticano II sobre la libertad religiosa, Dignitatis humanae:

Le acompañé a subir al coche, nos sentamos juntos y me dijo: ‘Don José María, usted no se escandalizará si le digo una cosa. Yo estoy convencido que la Declaración de la libertad religiosa es un enorme error’. ‘¿Por qué?’, le dije. ‘Porque la Iglesia ha enseñado siempre lo contrario’. […] Y me siguió diciendo el obispo Pildain: ‘Don José María, yo he enviado una propuesta al Concilio que empieza diciendo utinam ruat cupula sancti Petri super nos’ (ojalá se derrumbe la cúpula de San Pedro sobre nosotros antes de que aprobemos esto).

Dos años antes, el 23 de mayo de 1963, la Comunión Tradicionalista hacía público este documento que hoy traemos a Carlismo.es. La declaración tenía su historia. La narra Manuel de Santa Cruz. En los círculos carlistas, el transcurso del Concilio Vaticano II despertaba temores.

Poco a poco se veía cómo el principio de la Unidad Católica podía tambalearse ante la decisión romana. Ni la Falange ni Estoril defendían tal punto. El Carlismo se había quedado sólo. Además, el incipiente progresismo también había calado en la Comunión. Carlos Hugo, indiferente, incluso asistió a una conferencia a favor de la libertad de cultos impartida por Pedro Cantero, Obispo de Huelva.

Ante la propaganda impulsada por el ministro Castiella y otros interesados a favor de la libertad de cultos, se levantaron voces en la Comunión pidiendo un escrito oficial a favor de la Unidad Católica. Raimundo de Miguel y Alberto Ruiz de Galarreta visitaron a José María Valiente, Jefe Delegado del Rey Don Javier. La respuesta fue sorprendente, pues Valiente era de carácter lento y dubitativo y sin embargo su reacción fue rápida y decidida. Encargó la redacción a Raimundo de Miguel y el mismo día llamó a una imprenta clandestina para que empezara su trabajo en cualquier momento inmediato.

Tres días después De Miguel entregó el documento y José María Valiente lo corrigió e hizo algún retoque. La rapidez con que actuó el Jefe Delegado se debió, según Manuel de Santa Cruz, a:

que tenía una confidencia de una reciente maniobra de Don Carlos Hugo y de sus amigos sobre el mismo tema, pero en dirección contraria. Un religioso amigo del Príncipe le había advertido desde Barcelona que unos carlistas de Valladolid preparaban un documento de exaltación de la Unidad Católica, y a la vez le había pedido que impidiera que el Carlismo se pronunciara en contra de las nuevas actitudes de la Iglesia. No necesitaba Don Carlos Hugo grandes estímulos para ello, y siguiendo su mortal manía de prescindir del Jefe Delegado y de la organización oficial de la Comunión, paralizó a los de Valladolid. Poco después, cuando Valiente le presentó su documento, tan febrilmente preparado, en nombre del Rey y de la Junta Nacional, se disgustó muchísimo.

Pero no hizo nada porque surgieron inmediatamente de todas partes, y también fuera del Carlismo, a lo cual era especialmente sensible, oleadas de cartas, telegramas y llamadas de felicitación exaltadas a favor del documento; también llegaron, cosa extrañísima, donativos, que permitieron hacer más y mejores ediciones; incluso llegó un aviso extraoficial de que se podrían hacer con pie de imprenta legal.

Pero ¿qué es la Unidad Católica? Según el Padre Victorino Rodríguez:

El Estado, todo Estado, tiene el deber-derecho de abrazar oficialmente y mantener la religión verdadera que es la católica. Respecto de las religiones falsas, sus deberes y derechos son de intolerancia o de tolerancia más o menos amplia, según las circunstancias de tiempos y pueblos con todos los condicionamientos de vida humana e internacional.

En España siempre había regido la tesis de la Unidad Católica y, según indica Rafael Gambra, “las circunstancias que regulan las relaciones con las religiones falsas son en España siempre favorables a su limitación, y si alguna vez no, el tradicionalismo se encargará de modificarlas y restaurarlas”. Es decir, la Unidad Católica no sólo implica la confesionalidad sino también la prohibición de cultos falsos.

La Unidad Católica no fue invención de la facción integrista, como se ha pretendido. El Carlismo siempre la defendió como elemento esencial de las tradiciones patrias, profundamente arraigadas en las enseñanzas permanentes de la Iglesia. Como todos los reyes anteriores a la usurpación, la monarquía carlista la refrendó unánimemente. Para María Teresa de Braganza, Princesa de Beira: “La Unidad Católica es la más fundamental de nuestras leyes, la base solidísima de la Monarquía española, como de toda verdadera civilización”. Carlos VII en el Testamento de Loredán afirmó: “Todas nuestras antiguas glorias y grandezas, nuestras leyes y costumbres, se originaron y vivificaron por la Fe Católica, y sobre este formidable fundamento se alzó sublime la figura de España, que por amor a la Verdad, abominando del error, necesita y defiende la salvadora Unidad Católica, lazo de su unidad y corona de su Historia”. Por su parte, Jaime III deseó “por encima de otra aspiración el reinado de Jesucristo sobre los reyes y sobre los pueblos, en el individuo y en la sociedad”. Javier I escribía que “la reconstitución de la unión entre los españoles no la procura el Tradicionalismo por la vía contradictoria de un partido, sino suprimiendo de raíz los partidos, como causas de la discordia, robusteciendo la unidad moral y de la creencia, restaurando la Unidad Católica y buscando los lazos naturales de solidaridad que la vida misma establece entre las gentes”. Por último Don Sixto Enrique de Borbón hizo hincapié en su actual vigencia destacando que la “unidad católica vuelve a presentarse bajo una nueva luz, como remedio providencial para los nuevos problemas sociales”.

Y todos los jefes e intelectuales del Carlismo secundaron tal principio. Tales como Álvaro D’Ors: “Nuestro pensamiento tradicionalista, si abandonara sus propios principios y abundara en esa interpretación absolutista de la libertad religiosa, incurriría en la más grave contradicción, pues la primera exigencia de su ideario –Dios-Patria-Rey– es precisamente el de la unidad católica de España, de la que depende todo lo demás”, o Melchor Ferrer:

Ni el carlismo, ni los buenos españoles, admitiremos las libertades de perdición, condenadas por el Syllabus; ni la libertad de cultos, ni la de cátedra; pero sí admitimos la libertad de profesar personalmente la religión que juzgue el ciudadano buena, la libertad de asociarse para el bien; la libertad de enseñar el bien y la verdad; la de imprimir cuanto sea bueno, moral y verdadero; y la libertad de investigar la verdad bajo la guía y magisterio de la Iglesia de Cristo. Con ello condenamos el estatismo, el totalitarismo, el absolutismo, el liberalismo, el monopolio, aunque sea del Estado y las dictaduras, sean colectivas, de partidos o bien personales.

La oposición a la libertad religiosa fue fuerte en España gracias a los obispos de Bilbao, Las Palmas, Tenerife, Granada y Barbastro quienes en pleno concilio condenaron tal principio. Sin embargo, una vez aprobada en 1965 la Declaración de la libertad religiosa Dignitatis humanae, la resistencia del clero, tímida e inconstante, fue fácilmente sofocada por la recién creada Conferencia Episcopal. La batalla en el plano eclesiástico español se perdió muy pronto. No así en el ámbito político y social. Uno de los acontecimientos más importantes se dio en el monasterio cisterciense de La Oliva, en Navarra, donde se celebraban convivencias en los veranos. A pesar del miedo inicial ante la pérdida de la Unidad Católica, algunos carlistas ya no tenían ningún resquemor por la pérdida (entre ellos el propio Raimundo de Miguel, quien después de redactar el documento que hoy nos ocupa cambió y se pasó al liberalismo religioso más desaforado) y otros imponían tales restricciones en su defensa que, sin declararlo, la abandonaban. Para atajar esos desfallecimientos, en este monasterio, el día de Santiago de 1964, se juró luchar por la Unidad Católica. El primero en jurar fue el Jefe Nacional del Requeté, don José Arturo Márquez de Prado y, después, gravemente, de uno en uno, fueron avanzando, arrodillándose y repitiendo, los demás, hasta un total de veinticinco, es decir, un cincuenta por ciento de los reunidos.

Cuando, en 1966, se acomodó la nueva doctrina en el artículo 6º del Fuero de los Españoles (en 1967 se procedió a elaborar la nueva ley de libertad religiosa) y llegó la discusión en Cortes, por desgracia algunos procuradores carlistas optaron por la abstención, manifestación de la confusión de los tiempos. Sin embargo, muchos otros mantuvieron erguida la bandera de la Unidad Católica: en Madrid se celebró un banquete político en honor a los procuradores en cortes que defendieron la Unidad Católica y don Manuel Fal Conde instituyó el Premio Vedruna para el mejor libro inédito en defensa de la Unidad Católica. Premio que ganó Rafael Gambra con La unidad religiosa y el derrotismo católico.

Para los eclesiásticos, el nuevo ideal político de la sociedad era la sociedad laica con una religiosidad personal. El contraste con la Cristiandad histórica es patente. Caído el último fin de la sociedad, abierto el pluralismo religioso, ¿por qué no el político? En pocos años, resurgió el separatismo, el desmantelamiento de la sociedad tomó posiciones con los partidos políticos y el liberalismo se catapultó a las altas magistraturas del Estado sin rubor.

Según Ayuso:

la entrega de la confesionalidad católica del Estado ha acelerado y agravado el proceso de secularización que le sirvió de excusa más que de fundamento, pues éste –y falso– no es otro que la ideología liberal y su secuencia desvinculadora. De ahí no han cesado de manar toda suerte de males, sin que se haya acertado a atajarlos en su fuente” Once años después, “cuando se vote la Constitución de 1978, ningún católico parlamentario disparará ráfaga alguna en favor de una unidad católica de mil cuatrocientos años. Por no haber no hubo ni oración fúnebre. Desaparecidos los Manterola o Nocedal, ni siquiera hubo Gil Robles.

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